La mesa redonda, inaugurada por el diputado provincial de Medio Ambiente, Miguel Ángel Sánchez, ha estado compuesta por el presidente de UEPAL, Juanjo José Sellés; el director general de Transición Ecológica, Pedro Fresco; la directora general de Política Territorial, Rosa Pardo; el edil de Urbanismo de Villena, Javier Martínez; el alcalde de Monóvar, Alejandro García; el presidente de la DO Vinos de Alicante, Antonio Miguel Navarro; el presidente de Asaja, José Vicente Andreu; la presidenta de la Ruta del Vino de Alicante, María Miñano; y el profesor de la UA del departamento de Ecología, César Bordehore.
El presidente de UEPAL, Juan José Sellés, defiende la necesidad de proteger el suelo y sectores productivos ligados a la agricultura y reclama herramientas que permitan ordenar la ubicación de nuevas plantas
El presidente de UEPAL considera que hay un doble reto en la actualidad, de una parte asegurar un nuevo modelo energético que descarbonice la economía y supere la dependencia que tiene España en este sentido de terceros países; y por otro, sin que este proceso necesario suponga eliminar importante suelo y territorio con valor paisajístico y agrícola, especialmente en los territorios de determinadas comarcas alicantinas. “Equilibrio”, es el concepto al que ha apelado Sellés.
El presidente de Asaja ha defendido la necesidad de actualizar los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) para proteger la actividad agrícola, que en muchos municipios genera riqueza, empleo y sostenibilidad del territorio. En este sentido, se ha manifestado el presidente de la DO Vinos de Alicante, en cuanto al valor irrecuperable del suelo agrícola cuando se destina a otros usos y el impacto que puede tener en la producción vitivinícola.
Miñano, por su parte, ha alertado del crecimiento del etnoturismo que está registrando la provincia de Alicante y que basa su existencia en un ámbito rural cuidado, protegido y preservado que garantice que el suelo seguirá teniendo atractivo para esta actividad.
El profesor de la UA, ha comentado que los Ayuntamientos sí tienen herramientas suficientes para hacer frente a la presentación de solicitudes de instalación de plantas fotovoltaicas, incluso con el decreto de la suspensión de licencias, que en algunos casos puede ser en todo el término y en otro en alguna zona concreta de especial interés. Un paso previo a actualizar sus catálogos de protección territorial.
En este sentido, el Director General de Transición Ecológica se ha manifestado en contra de la medida por parte de los ayuntamientos en cuanto a la suspensión de licencias. Y ha apuntado que hay controles suficientes en el Decreto Ley 14/2020 de la Generalitat Valenciana para garantizar la defensa del territorio al tiempo que se potencia la generación de nuevos recursos energéticos sostenibles.
Ambos directores han señalado que un máximo del 2% del territorio de cada término municipal podrá ser utilizado para la ubicación de fotovoltaicas o plantas eólicas, lo que supondrá que ni una quinta parte de las solicitudes serán aprobadas.
La propuesta de la Generalitat es lograr la producción en 2030 de 6.000 MW, aunque en 2019 sólo se aprobaron plantas para generar 4, en 2020 ninguno, y durante este 2021, 10 en toda la Comunidad Valenciana.