La investigación judicial sobre el escándalo de las viviendas de protección pública de Les Naus suma un nuevo capítulo. Los tres máximos responsables de la cooperativa han declarado este lunes como investigados ante la jueza que instruye la causa en Alicante, pero han evitado responder a las preguntas de las acusaciones y se han limitado, fundamentalmente, a contestar a sus propios abogados y, en dos casos, también a la magistrada.
El presidente de la cooperativa, Luis Alberto Meler; la vicepresidenta, Vanesa Quero; y la secretaria, Trinidad Box, han comparecido en los juzgados de Pardo Gimeno para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas del residencial Les Naus, situado en la Playa de San Juan.
Las declaraciones, que se han prolongado alrededor de 45 minutos, han tenido un denominador común: los tres han situado el peso de la gestión de la promoción en la empresa Fraorgi y en su administrador único, el promotor Francisco Ordiñana, también investigado en este procedimiento.
Según han explicado los abogados de las acusaciones populares, los responsables de la cooperativa han negado haber mantenido contactos con concejales o cargos públicos del Ayuntamiento de Alicante para conseguir ventajas en la adjudicación de las viviendas.
El presidente, Luis Alberto Meler, ha reconocido su relación profesional previa con Ordiñana, aunque ha asegurado que no existía esa vinculación en 2018, cuando se puso en marcha la operación. También ha defendido que la oferta para la promoción pudo prepararse en apenas un día porque el pliego de condiciones era sencillo.
Por su parte, la secretaria de la cooperativa ha sostenido que Fraorgi se encargaba prácticamente de toda la gestión de la promoción.
Sin embargo, las acusaciones populares consideran que la responsabilidad de la cooperativa no puede quedar al margen. Recuerdan que su consejo rector debía ratificar las decisiones adoptadas durante el proceso de adjudicación y cuestionan que sus máximos representantes deriven ahora toda la responsabilidad hacia la empresa gestora.
Otro de los aspectos que está bajo la lupa judicial son los contratos suscritos entre la cooperativa y Fraorgi, que contemplaban una contraprestación de aproximadamente 4,4 millones de euros por las tareas de gestión y comercialización de los inmuebles.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado estas tres declaraciones para profundizar en el papel desempeñado por los responsables de la cooperativa y aclarar las circunstancias de esos pagos.
La comparecencia de este lunes eleva a 18 el número de personas investigadas en una causa que salpica también a antiguos responsables políticos municipales, funcionarios del Ayuntamiento y de la Conselleria de Vivienda, adjudicatarios de inmuebles y responsables de la promoción.
Entre los investigados figuran la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y la exdirectora general municipal y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman. Ambas abandonaron sus responsabilidades políticas tras estallar la polémica, aunque Pérez-Hickman regresó posteriormente a su puesto como jefa de Contratación.
La investigación trata de esclarecer si existieron irregularidades, trato de favor o posibles ventajas en el acceso a unas viviendas públicas construidas sobre una parcela municipal en la Playa de San Juan.
Un procedimiento que sigue avanzando y que mantiene bajo sospecha una de las promociones inmobiliarias más polémicas de Alicante, mientras la jueza continúa recabando documentación y declaraciones para determinar las posibles responsabilidades.