La portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha respaldado la posición de convertir la crisis en una oportunidad para forzar la salida de Barcala si no dimite voluntariamente, pero no contempla respaldar la moción de censura planteada por el portavoz de EU-Podem Manolo Copé. “En estos momentos no contemplamos ningún otro escenario que no pase por la dimisión de Barcala, cuya gestión sigue bajo sospecha”, ha declarado Barceló, subrayando la falta de explicaciones claras del alcalde sobre posibles adjudicaciones irregulares a concejales o familiares y la negativa a facilitar informes internos vinculados al caso. “La Fiscalía hará su trabajo, pero lo que estamos exigiendo son responsabilidades políticas”, ha agregado.
Desde Compromís, su portavoz Rafa Mas ha insistido en planificar “los siguientes pasos” ante lo que considera una pérdida de credibilidad del actual gobierno municipal. Mas ha calificado la situación de “vergüenza” y ha reclamado respuestas más claras por parte del equipo de gobierno.
El grupo municipal de Vox ha adoptado una posición ambivalente: aunque ha coincidido en pedir la dimisión de Barcala, sus portavoces han dejado claro que no están dispuestos a facilitar un gobierno de izquierdas, aunque tampoco descartan reclamar que otro concejal asuma el cargo si Barcala abandona.
Un calendario político ajustado
La moción de censura, de llegar a presentarse formalmente, tendría que reunir el respaldo de la mayoría absoluta de 15 concejales en el pleno municipal. Según el actual reparto de concejales, PSPV (8), Vox (4), Compromís (2) y EU-Podem (1) sumarían exactamente 15 ediles, mientras que el PP mantiene 14 ediles.
Por el momento, la portavoz socialista insiste en que primero debe producirse la dimisión voluntaria de Barcala, algo que el alcalde no ha confirmado y sobre lo que ha expresado repetidamente su intención de seguir al frente del gobierno municipal, defendiendo que su equipo actuará con transparencia y legalidad para aclarar los hechos.
Un caso con repercusiones más allá del ayuntamiento
El escándalo por las VPP ha tenido ya consecuencias políticas inmediatas:
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Dimisiones de altos cargos municipales, entre ellas la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y otros funcionarios vinculados a la gestión de las adjudicaciones.
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La polémica ha abierto un debate más amplio sobre la necesidad de regular mejor los procesos de adjudicación de viviendas públicas y la transparencia en la gestión municipal.
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La Fiscalía ha sido instada a investigar los hechos, aunque la presión política se centra ahora más en las responsabilidades públicas que en las posibles sanciones penales.
Mientras Alicante encara una semana clave de contactos entre fuerzas de la oposición, la ciudad se mantiene en vilo a la espera de saber si la moción de censura podrá fraguarse o si la crisis se saldará con movimientos internos en el seno del Partido Popular en el Ayuntamiento.
