El escándalo por las adjudicaciones irregulares de viviendas de protección pública en la promoción Residencial Les Naus de Playa de San Juan ha colocado a la ciudad bajo el foco mediático nacional, desatando una crisis política sin precedentes en el Ayuntamiento y provocando una profunda indignación entre vecinos y partidos políticos.
La polémica se desencadenó tras conocerse que varias viviendas de la promoción, construida sobre suelo municipal en una de las zonas más cotizadas de la ciudad, habrían sido adjudicadas a cargos públicos, funcionarios y familiares cercanos, a pesar de que estas viviendas de protección pública (VPP) estaban destinadas precisamente a facilitar el acceso a vivienda a personas con necesidad real.
Dimisiones y consecuencias políticas
El escándalo ha provocado ya varias dimisiones en los últimos días. La concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, presentó su renuncia tras saberse que estaba entre los adjudicatarios; posteriormente lo hizo también la directora general municipal de Recursos Humanos implicada en la tramitación. Más recientemente, Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la Consellera de Turismo e Industria, presentó su dimisión tras trascender que la madre de sus hijos había sido beneficiaria de una de estas viviendas.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha calificado los hechos de “repugnantes e indignantes”, desvinculándose de cualquier responsabilidad directa sobre las adjudicaciones. Barcala ha anunciado que se ha abierto un expediente interno y que, si se detectan irregularidades, el caso será trasladado a la Fiscalía.
Fiscalía y denuncias
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ya ha recibido varias denuncias presentadas por la Conselleria de Vivienda, el Ayuntamiento y partidos como el PSPV-PSOE o Sumar para que se investiguen las irregularidades en el proceso de adjudicación de estas viviendas. Los escritos se encuentran en estudio para valorar posibles acciones judiciales.
Reacciones ciudadanas
La noticia no solo ha tenido repercusión política, sino también social. Vecinos de la ciudad han mostrado su preocupación por la imagen que se está difundiendo de Alicante a nivel nacional, y en el residencial Les Naus han aparecido pintadas con mensajes como “corruptos” en las zonas comunes, reflejo de la indignación que predomina entre gran parte de la población.
Medidas para frenar la especulación
En respuesta a la crisis, el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana están ultimando un convenio para ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas de Les Naus que salgan a la venta. Esta medida busca evitar la especulación y, en caso de poder ejercerse, permitir que estos inmuebles se incorporen de manera permanente al parque público de vivienda.
La polémica ha generado un intenso debate político y social en la ciudad, con partidos como Vox exigiendo la dimisión del alcalde y la oposición reclamando comisiones de investigación tanto en el Ayuntamiento como en las Cortes Valencianas.
