Asaja Alicante y la Cámara de Comercio de Alicante han unido al empresariado y han exigido un pacto de Estado y un plan hidrológico nacional que garantice el agua «con la calidad necesaria, en cantidad suficiente y a un precio asequible para asegurar la competitividad» de la provincia.
Así lo ha destacado el presidente de la entidad agrícola, José Vicente Andreu, y el de la Cámara, Carlos Baño, después de un evento este jueves que ha reunido al tejido empresarial alicantino, a representantes de las sectoriales más importantes de la provincia, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura y las principales comunidades de regantes, según ha indicado Asaja en un comunicado.
La asociación agraria ha apuntado que el recorte del trasvase Tajo-Segura «no solo afectará a la agricultura, sino también de todos y cada uno de los sectores productivos que sustentan la provincia, debido a un efecto multiplicador que nos restará independencia y competitividad como territorio».
El presidente de ASAJA, José Vicente Andreu, ha lamentado que el Gobierno dejó «herido de muerte» al trasvase
Andreu ha lamentado que el Gobierno dejó «herido de muerte» al trasvase. «Las regiones afectadas por el acueducto representan el 71 por ciento de la exportación nacional de hortalizas y el 25% de la de frutas con apenas el 3% del agua dedicada al regadío a nivel nacional, lo que demuestra una eficacia en el uso de este recurso sin precedentes», ha advertido.

Además, ha apuntado que, de los originales 125 hm3 anuales que «deberían haber llegado a Alicante» por el trasvase Tajo-Segura, «tan solo han llegado aproximadamente la mitad, unos 65 hm3». «Y encima, ahora el Gobierno determina que en los próximos años tan solo llegaran 35 hm3 al año, apenas el 25% de lo que por la ley 52/80 que regula dicho trasvase nos correspondía», ha denunciado.
Por su parte, el presidente de la entidad cameral ha requerido «más firmeza y convicción desde las administraciones públicas, en especial la autonómica en la defensa de los intereses de la provincia de Alicante». Además, ha añadido que el agua desalada «incrementa sobremanera los costes, el proceso de desalación contamina y su uso acaba empobreciendo y haciendo improductiva la tierra que se riega con ella».
«Cada gota que ha llegado la hemos convertido en empleo y riqueza, que al final vía también los impuestos que pagamos va a la hucha común de todos los españoles. Si somos la quinta provincia que más aporta al PIB es en buena parte también gracias a la gestión que hemos hecho en esta materia», ha destacado Baño.
Ambas entidades han anunciado que están en conversaciones con las Cámaras de Comercio del sureste español y la Cámara de España para realizar un acto conjunto y elaborar un manifiesto en defensa de un Pacto de Estado que «asegure agua de calidad, en cantidad suficiente, de manera sostenible y a un precio asequible, especialmente en aquellas regiones donde el déficit hídrico es una amenaza real».
Durante el encuentro, el catedrático de Geografía y rector honorario de la Universidad de Alicante (UA) Antonio Gil Olcina ha pronunciado una ponencia sobre ‘Insuficiencia hídrica y caudales foráneos’, en un «profundo análisis» de las posibilidades hídricas y el camino a seguir para contar con soluciones estables en materia de agua.