Ana Barceló, Rafa Mas y Manolo Copé
Minutos después de que PSPV, Compromís y EU-Podem reclamaran públicamente que se active “de manera inmediata” la comisión aprobada en el pleno, el equipo de gobierno ha iniciado formalmente el trámite para designar a los representantes políticos que formarán parte de la misma

La polémica sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el Residencial Les Naus sigue marcando la agenda política municipal. Tras el pleno extraordinario celebrado el pasado jueves, en el que se aprobó por unanimidad la creación de una comisión de investigación, los grupos de la oposición han intensificado su presión para que el alcalde, Luis Barcala (PP), ponga en marcha de forma inmediata este órgano.

Minutos después de que PSPV, Compromís y EU-Podem reclamaran públicamente que se active “de manera inmediata” la comisión aprobada en el pleno, el equipo de gobierno ha iniciado formalmente el trámite para designar a los representantes políticos que formarán parte de la misma, según han confirmado fuentes municipales. Este paso es necesario para poder convocar la primera sesión constitutiva del órgano.

Oposición denuncia retrasos e insiste en explicaciones

Los portavoces de los tres grupos de izquierdas han denunciado que han transcurrido ya cinco días desde que se adoptó el acuerdo y que, hasta ahora, no se ha producido ningún paso efectivo que permita su puesta en marcha. Para la oposición, esta demora constituye una “falta de voluntad del Partido Popular para dar explicaciones y garantizar la transparencia ante este escándalo”.

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La portavoz del PSPV-PSOE, Ana Barceló, ha recordado que el propio Barcala calificó los hechos de “escándalo” en el pleno, y ha señalado que si realmente existe voluntad de esclarecer lo ocurrido, “el alcalde ya debería haber constituido y convocado esta comisión sin dilación”.

Por su parte, Rafa Mas (Compromís) ha subrayado que la comisión debe servir para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las adjudicaciones no solo de Les Naus, sino también de otras promociones de vivienda pública en suelo municipal o en el marco del Plan Vive de la Generalitat Valenciana.

Barcala y el equipo de gobierno

Desde el gobierno local, a través del vicealcalde Manuel Villar, se ha mantenido que la intención es poner en marcha la comisión “cuanto antes sea posible”. La Secretaría General del Ayuntamiento ha notificado el inicio del procedimiento para la elección de miembros, un paso previo imprescindible para que la comisión se constituya formalmente.

Barcala defendió en el pleno extraordinario la actuación del Ayuntamiento y confirmó que, aunque el consistorio solo tiene competencias en la enajenación de suelo y la licencia de obras, ha abierto expedientes informativos y trasladado diversos casos a la Fiscalía para que se investiguen posibles irregularidades.

Un contexto de controversia política

La polémica sobre la adjudicación de las 140 VPP de Les Naus ha provocado ya la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y de la directora general municipal vinculada al caso, así como la presentación de denuncias ante la Fiscalía por parte del PSOE por presuntos delitos que incluyen prevaricación, conflicto de intereses y fraude a la administración.

El caso ha generado un clima de creciente tensión política en Alicante, en el que la oposición ha insistido en que sólo la activación efectiva de la comisión y la depuración de responsabilidades permitirá restituir la confianza de la ciudadanía en la gestión de la vivienda pública.

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