El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha reafirmado este viernes su compromiso con la construcción de vivienda social en la ciudad en medio de la creciente polémica por las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, en la Playa de San Juan.
En una intervención ante los medios, Barcala ha respondido a las críticas de los partidos de izquierda —PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem— que han pedido la paralización de nuevos procesos de vivienda social y la reprobación de su gestión municipal por lo que consideran una “falta de control” y responsabilidad política.
“Yo no voy a dejar de construir ni una sola vivienda social porque lo diga la izquierda”, ha afirmado Barcala, en respuesta directa a las demandas de los grupos progresistas en el consistorio. Ha subrayado que el objetivo de su gobierno es garantizar que la vivienda social llegue a quien realmente la necesita, y que todas las iniciativas previstas se llevarán adelante con ese fin.
El alcalde ha insistido en que la construcción de viviendas públicas continuará, y ha defendido la necesidad de mejorar los controles en los futuros procesos de adjudicación para evitar posibles irregularidades, asegurando que todas las viviendas sociales previstas “se van a hacer todas y llegarán a quien tienen que llegar”.
Contexto de la controversia por Les Naus
La postura de Barcala se produce en medio de una crisis política generada por la investigación judicial y social en torno a 140 VPP en la promoción Les Naus, que han estado bajo escrutinio tras detectarse indicios de irregularidades en la adjudicación de varios de estos inmuebles. Las pesquisas policiales y judiciales han revelado casos como adjudicaciones a personas sin empadronamiento válido y a varios miembros de una misma familia, así como viviendas aparentemente vacías o ocupadas de forma irregular.
El escándalo ha motivado dimisiones en el equipo de gobierno local —incluida la concejala de Urbanismo— y ha impulsado protestas vecinales y políticas, con colectivos que han exigido auditorías independientes, transparencia y responsabilización política.
En el pleno municipal más reciente, la propuesta de reprobar al alcalde presentada por la oposición no prosperó gracias a los votos en contra de PP y Vox, que defendieron la voluntad del pleno y rechazaron lo que calificaron como “teatro político” de la izquierda.
Investigación y actuación institucional
Paralelamente a la polémica política, la jueza que instruye el caso ha trasladado documentación a la Fiscalía y a la UDEF, mientras el Ayuntamiento ha ofrecido su colaboración y reforzado controles en futuras adjudicaciones con la intención de garantizar la legalidad y transparencia de los procesos.
Barcala ha recordado que existen diligencias penales abiertas y dos comisiones de investigación —una municipal y otra en Les Corts Valencianes—, y ha reiterado su determinación de cumplir con las responsabilidades que le correspondan y mejorar los mecanismos de control para que los errores del pasado “no se repitan”.
