Compromís pone sobre la mesa una de las medidas más contundentes sobre vivienda turística en Alicante de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. El portavoz de la coalición valencianista en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha asegurado a 12TV que, si su formación llega al gobierno municipal alicantino, una de sus primeras decisiones será cerrar todos los pisos turísticos situados en edificios residenciales, con independencia de que actualmente estén legalizados o funcionen sin autorización.
La propuesta plantea un auténtico ‘borrón y cuenta nueva’: retirar estas actividades y comenzar posteriormente un nuevo proceso para conceder licencias únicamente a aquellas viviendas que cumplan estrictamente los requisitos establecidos.
Mas toma como referencia el modelo aplicado en Barcelona, donde el Ayuntamiento ha anunciado la extinción de las licencias de las viviendas de uso turístico existentes en 2028. El consistorio barcelonés prevé que más de 10.000 viviendas regresen al uso residencial habitual.
La propuesta de Compromís en Alicante afectaría, según ha explicado Mas a 12TV, a los pisos turísticos ubicados dentro de edificios de viviendas, pero también a los bajos de bloques residenciales que se hayan destinado a esta actividad. Quedarían fuera, al menos inicialmente, los edificios completos concebidos específicamente como establecimientos turísticos.
El portavoz de Compromís también pone el foco en la proliferación de establecimientos que figuran como hoteles de una estrella y que, según denuncia, estarían funcionando en algunos casos como apartamentos turísticos encubiertos para sortear la moratoria municipal.
La cuestión llega en un momento en el que Alicante mantiene una política de contención de los alojamientos turísticos. El Ayuntamiento aprobó en julio de 2025 ampliar la moratoria a bloques de apartamentos, pensiones y albergues, suspendiendo la concesión de nuevas licencias y otros títulos habilitantes para este tipo de actividades. La suspensión quedó fijada, como máximo, hasta enero de 2027.
Además, la modificación del PGOU que tramita el Ayuntamiento establece un límite máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante, impide nuevas plazas en las zonas consideradas saturadas y contempla un acceso independiente para los alojamientos turísticos situados en edificios residenciales. También limita la implantación de usos turísticos en los bajos de los principales ejes comerciales.
La normativa autonómica establece, por su parte, que las viviendas de uso turístico deben contar con el correspondiente informe municipal de compatibilidad urbanística y cumplir los requisitos establecidos para su inscripción en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana. La inscripción tiene, con carácter general, una validez de cinco años.
Compromís ha venido reclamando además un mayor control sobre las viviendas turísticas. En mayo de 2026, Rafa Mas pidió al Ayuntamiento información detallada sobre las inspecciones realizadas, los expedientes sancionadores abiertos, las sanciones impuestas y las clausuras decretadas desde que el consistorio asumió competencias de inspección y sanción en esta materia.
La propuesta anunciada ahora por Mas eleva el planteamiento: no se trataría únicamente de perseguir los pisos ilegales o limitar la apertura de nuevos alojamientos, sino de revisar también el futuro de los que actualmente cuentan con autorización en edificios residenciales.
El debate sobre el modelo turístico y su impacto en la vivienda se ha intensificado en Alicante en los últimos meses. El pasado fin de semana, cientos de personas participaron en una movilización para reclamar cambios en el modelo turístico de la ciudad y denunciaron el impacto de la proliferación de viviendas de uso turístico sobre los barrios y el acceso a la vivienda.
Con las elecciones municipales de 2027 en el horizonte, los pisos turísticos se convierten así en uno de los asuntos que pueden marcar el debate político sobre vivienda, turismo y transformación de los barrios de Alicante.
