La iniciativa llega en plena controversia sobre la gestión y la supervisión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, adjudicado a la UTE Netial, integrada por FCC y PreZero. El contrato, que comenzó en 2023 y tiene una duración de ocho años, alcanza ya los 377,47 millones de euros después de las distintas modificaciones aprobadas por el Ayuntamiento.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, considera que la posible existencia de vínculos familiares entre los inspectores municipales y trabajadores de la empresa concesionaria obliga a comprobar si se están respetando las garantías de imparcialidad e independencia en las labores de fiscalización. La coalición insiste en que no cuestiona el derecho de los familiares a trabajar en la empresa ni acusa directamente a ningún funcionario de cometer irregularidades, pero entiende que es necesario esclarecer los hechos.
Por ello, Compromís reclama la apertura de un expediente interno, un informe de los servicios jurídicos municipales y la convocatoria urgente de la comisión de fiscalización de la contrata. También quiere conocer cuántas inspecciones se han realizado, qué incumplimientos se han detectado y cuántas penalizaciones se han propuesto o impuesto a la adjudicataria.
El equipo de gobierno ya ha respondido a estas acusaciones. El vicealcalde, Manuel Villar, asegura que el Ayuntamiento desconoce los casos denunciados y emplaza a Compromís a facilitar los nombres de los inspectores afectados para poder comprobar la información. Además, advierte de que las acusaciones pueden perjudicar la imagen del conjunto de funcionarios que desempeñan estas labores de supervisión.
La polémica vuelve a poner el foco sobre los mecanismos de control de uno de los contratos públicos de mayor cuantía del Ayuntamiento de Alicante. Una contrata que ya ha sido objeto de críticas de la oposición por la prestación del servicio, las necesidades de refuerzo y el seguimiento de las obligaciones asumidas por la empresa.
El debate, por tanto, se centra ahora en determinar si existen esos vínculos familiares, si pueden afectar a la objetividad de las inspecciones y qué medidas debe adoptar el Ayuntamiento para garantizar que el control de un contrato de casi 380 millones de euros se realiza con todas las garantías.
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