El Consell ha aprobado este viernes el Decreto ley de Derogación de la Ley 7/2022, de 16 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible, que creó el impuesto valenciano sobre estancias turísticas, o tasa turística, con anterioridad a su entrada en vigor. Así lo ha comunicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno valenciano la consellera y portavoz de la Generalitat, Ruth Merino.
“Esta medida -ha declarado Merino-, desde el inicio, estaba en la hoja de ruta: no llegar a implementar la tasa turística, que habría entrado en vigor el 19 de diciembre. Con este Decreto ley, que se convalidará en Les Corts próximamente, se suprime la entrada en vigor de la tasa, como era petición del sector, y desde el Gobierno de la Generalitat teníamos muy claro que así debía ser”.
El texto legal aprobado tiene como objetivo evitar los perjuicios de su entrada en funcionamiento, soslayar posibles efectos jurídicos indeseados e impedir el destacado impacto económico y social provocado por la situación geopolítica
En este sentido, el texto legal aprobado tiene como objetivo evitar los perjuicios de su entrada en funcionamiento, soslayar posibles efectos jurídicos indeseados e impedir el destacado impacto económico y social provocado por la situación geopolítica.
Por otro lado, según ha informado la portavoz, el Consell ha aprobado aumentar en más de 7 millones, hasta superar los 50 millones de euros, “por la buena acogida que han tenido”, las ayudas englobadas en la partida destinada a impulsar la contratación de personas con diversidad funcional y discapacidad en Centros Especiales de Empleo y empresas ordinarias.
Más concretamente, con los 7.471.400 euros adicionales aprobados, el importe total de estas subvenciones pasa de los 42.540.000 euros iniciales hasta los 50.011.400 euros, “destinados a financiar los costes indirectos correspondientes al informe del auditor para justificar la ayuda salarial”, ha detallado Merino.
