La directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, ha presentado hoy su dimisión irrevocable tras el estallido del escándalo por la presunta adjudicación irregular de viviendas de protección oficial (VPO) en una urbanización de alto valor en Playa de San Juan en la que figuran como adjudicatarios dos de sus hijos y un sobrino.
La renuncia se produce un día después de que el alcalde de Alicante, Luis Barcala (Partido Popular), ordenara la apertura de un expediente de aclaración de hechos para investigar la adjudicación de estas viviendas públicas —la primera promoción terminada en más de dos décadas en la ciudad— ante la “sospecha” de posibles irregularidades en el proceso.
Según han revelado diversos medios, además de los familiares de Pérez-Hickman, entre los adjudicatarios también figura una concejala del equipo de gobierno y un arquitecto municipal, lo que ha alimentado acusaciones de trato de favor y conflicto de intereses en un programa que debía garantizar el acceso a vivienda asequible para la ciudadanía.
Reacciones políticas y primeras consecuencias
Barcala ha defendido la investigación interna y ha asegurado que “no le va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar” y que llevará a la Fiscalía cualquier indicio de irregularidad. Asimismo, ha subrayado la necesidad de revisar la normativa de acceso a la vivienda social para evitar casos similares en el futuro.
Desde la oposición, las críticas no se han hecho esperar. El PSPV-PSOE ha anunciado que llevará el caso a la Agencia Valenciana Antifraude, denunciando lo que consideran un “pelotazo urbanístico” en plena crisis de acceso a la vivienda, y ha exigido además que se depuren responsabilidades políticas más allá de la dimisión de Pérez-Hickman.
Compromís y Vox han reclamado por su parte transparencia total y, en algunos casos, la comparecencia de responsables municipales en un pleno extraordinario para esclarecer los hechos.
El foco sobre la promoción en Playa de San Juan
La promoción objeto de controversia se ubica en La Condomina, una de las zonas más codiciadas de la Playa de San Juan, con viviendas de tamaño medio, garaje y trastero, en una urbanización con piscina y zonas comunes. La adjudicación de estos inmuebles a personas vinculadas al Ayuntamiento ha generado indignación en una ciudad en la que miles de familias esperan oportunidades para acceder a una vivienda asequible.
Por su parte, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que, según certificaciones técnicas, los adjudicatarios “cumplían los requisitos” vigentes en su momento para optar a estas VPO.
El caso ha situado de nuevo el debate sobre la gestión de la vivienda pública en Alicante en el centro de la agenda política, en un contexto marcado por la escasez de recursos habitacionales accesibles y la presión social por la transparencia en el uso de fondos públicos.
