Una tensa sesión plenaria extraordinaria celebrada este jueves por la tarde en el Ayuntamiento de Alicante ha puesto de manifiesto la fuerte crisis política que atraviesa la Corporación municipal por el escándalo de adjudicación de viviendas públicas. La oposición ha exigido en bloque la dimisión del alcalde, Luis Barcala (PP), tras conocerse que varios altos cargos del consistorio —incluida la exconcejala de Urbanismo— resultaron beneficiarios de pisos protegidos en una promoción valorada en entorno a los 200.000 € y ubicados en zonas como Playa de San Juan y La Condomina.
La polémica se originó al destaparse irregularidades en la asignación de una promoción de viviendas de protección pública —la primera en la ciudad en dos décadas— dirigida por la cooperativa Les Naus. Varios adjudicatarios tenían vínculos con el Ayuntamiento: la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, presentó su dimisión la semana pasada tras confirmarse que ella fue una de las beneficiarias; también renunció María Pérez-Hickman, directora general de Recursos Humanos, cuyos hijos adquirieron viviendas; y está en el centro de la investigación un arquitecto municipal.
Oposición unida: “Barcala debe marcharse”
Los grupos municipales del PSPV-PSOE, Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox reclamaron durante el pleno que el alcalde dé explicaciones detalladas y asuma responsabilidades políticas por lo ocurrido. La portavoz socialista, Ana Barceló, ha pedido la dimisión de Barcala ante lo que considera “un escándalo que vulnera el derecho de acceso a la vivienda en una ciudad con emergencia habitacional”.
Compromís, por su parte, ha defendido que el equipo de gobierno estaba al tanto de posibles conflictos de interés desde 2025 y no actuó con la debida diligencia, acusando al alcalde de mirar hacia otro lado.
En paralelo, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reclamado públicamente a Barcala que asuma responsabilidades y ha calificado de “indecente” la gestión de estas adjudicaciones, que describió como un uso partidista de recursos públicos.
Barcala defiende su gestión y abre investigaciones
Ante las crecientes críticas, el alcalde Barcala ha defendido su actuación: aseguró que se ha iniciado una investigación interna y que llevará a Fiscalía cualquier indicio de irregularidad detectado en el proceso de adjudicación.
Asimismo, el gobierno local ha ordenado cruzar listas de funcionarios y beneficiarios para identificar posibles vínculos adicionales, descartando, según un informe municipal, que algunos de los dimitidos implicados hubieran tenido poder decisorio en la tramitación —un punto que la oposición disputa y cuestiona—.
Las consecuencias políticas se extienden
La crisis no solo se ha cobrado las dimisiones de concejales y directivos municipales: hoy ha trascendido también la renuncia de Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la consejera de Industria y Turismo de la Generalitat Valenciana, en un caso relacionado indirectamente con adjudicaciones en la misma promoción.
La enorme repercusión mediática y ciudadana del caso, que ha derivado incluso en pintadas y protestas en las zonas comunes de varias promociones públicas, aumenta la presión sobre el alcalde y plantea interrogantes sobre si Barcala podrá mantener su cargo o si esta crisis desembocará en su dimisión en los próximos días.
