La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha anunciado su decisión de abandonar el programa de auxiliares de conversación debido a las trabas administrativas y a la falta de coordinación del Gobierno central, una situación que, según señala, su titular, Carmen Ortí, “genera graves dificultades organizativas en los centros educativos de la Comunitat Valenciana”.
Así lo ha dado a conocer est lunes la consellera de Educación quien, además, ha denunciado una “descoordinación flagrante” entre los ministerios de Trabajo y Educación, así como una actuación “arbitraria”, al realizar inspecciones laborales sobre auxiliares financiados por las comunidades autónomas y excluir de las mismas a los dependientes del cupo estatal.
El programa, liderado por el Ministerio de Educación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, se enmarca en la acción educativa exterior y se articula mediante convenios bilaterales con otros países. Funciona bajo un principio de reciprocidad que permite la movilidad de auxiliares españoles al extranjero y de auxiliares internacionales a España, todos ellos con visado de estudiante.
En el caso de la Comunitat Valenciana, la financiación contempla exclusivamente una ayuda mensual de 1.000 euros para manutención y alojamiento, así como cobertura sanitaria —cuando no se dispone de tarjeta sanitaria europea— y un seguro de responsabilidad civil y repatriación.
La Conselleria sostiene que ha cumplido estrictamente las condiciones establecidas en los convenios, que no incluyen la obligación de cotizar a la Seguridad Social. No obstante, la Inspección de Trabajo ha emitido tres actas de liquidación por un importe total de 3,7 millones de euros en cotizaciones desde abril de 2021, al considerar a los auxiliares como personal laboral.
Además, se ha impuesto una sanción de 7.501 euros por cada auxiliar extracomunitario sin permiso de trabajo, lo que eleva el importe total de las multas a 15 millones de euros.
Ante esta situación, Ortí ha calificado de “inaudito” que la Generalitat deba afrontar cerca de 19 millones de euros por aplicar un programa conforme a los términos fijados por el propio Ministerio de Educación. Asimismo, ha subrayado que esta cuantía podría destinarse a mejoras educativas en lugar de cubrir sanciones derivadas, a su juicio, de la actuación del Ejecutivo central.
La consellera también ha cuestionado que la responsabilidad recaiga exclusivamente en la Administración autonómica, pese a que la selección de los auxiliares y la determinación de sus nacionalidades corresponde al Ministerio.
Igualmente, la máxima responsable de administración educativa en la Comunitat Valencina ha señalado la incoherencia de considerar a estos auxiliares como personal laboral, dado que la normativa vigente reserva la función docente al personal funcionario, lo que, en su opinión, excluye la aplicación de la legislación laboral ordinaria.
Finalmente, Ortí ha recordado que en Andalucía se produjo recientemente una situación similar y que el Ministerio de Educación se comprometió a ofrecer una solución que aún no se ha materializado. A ello se suma la falta de publicación de la convocatoria del programa para el curso 2026-2027, que en años anteriores se difundía a comienzos de febrero.
