El Ayuntamiento de Alicante prepara una normativa específica para regular los tuk-tuk, los pequeños vehículos turísticos que desde hace más de un año circulan por la ciudad sin una regulación concreta. Así lo ha anunciado este lunes el alcalde, Luis Barcala, quien ha reconocido que este negocio “opera aprovechando lagunas legales”, lo que supone “un agravio comparativo” con otros sectores turísticos que sí están sujetos a una normativa clara.
El primer edil ha subrayado que la decisión responde tanto a las quejas vecinales —especialmente las recibidas en los últimos meses en barrios como el casco antiguo y Santa Cruz— como a la necesidad de “garantizar la seguridad y el orden” en este tipo de servicios turísticos.
“No podemos permitir que haya actividades económicas que se desarrollen sin las mismas condiciones que el resto de sectores regulados. Es una cuestión de equidad y de respeto a la convivencia ciudadana”, ha afirmado Barcala en declaraciones recogidas por 12TV.
Vecinos y asociaciones piden control
Las protestas vecinales se han intensificado en las últimas semanas. Residentes del barrio de Santa Cruz denuncian ruidos, congestión en calles estrechas y una proliferación de vehículos que, según indican, “alteran la tranquilidad del entorno histórico”. Asociaciones vecinales han reclamado al consistorio una intervención inmediata para ordenar esta actividad.
Desde el Ayuntamiento se plantea la creación de una ordenanza municipal específica, que incluirá requisitos de seguridad, zonas de circulación autorizadas, horarios y límites de emisiones acústicas. También se baraja un régimen de licencias similar al que se aplica a otros servicios turísticos como los trenes turísticos o los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
Aprovechando “lagunas legales”
Actualmente, los tuctuc operan bajo figuras administrativas ambiguas, lo que ha permitido su implantación sin una licencia específica. Esta situación, según fuentes municipales, “dificulta el control” por parte de la Policía Local y genera inseguridad jurídica tanto para los empresarios como para los usuarios.
Barcala ha confirmado que el objetivo del Ayuntamiento es aprobar la regulación antes de final de año, tras un periodo de consultas con los sectores afectados y con los servicios jurídicos municipales.
