El largo y mediático “Caso Sala”, que conmocionó a Alicante tras el asesinato a tiros de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, ha dado un nuevo giro judicial. Casi una década después de que la mujer falleciera por dos disparos en la cabeza cuando acudió a recoger su coche al concesionario familiar en 2016, su hijo ha decidido elevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, para reclamar que el crimen no quede impune y que se revisen las decisiones de la justicia española.
El asesinato de María del Carmen Martínez, ocurrido el 9 de diciembre de 2016 en un lavadero del establecimiento Novocar en Alicante, desató un proceso judicial que desde entonces ha estado marcado por una intensa disputa legal entre las defensas y la acusación. La víctima fue tiroteada mientras estaba dentro de su coche, y desde entonces el proceso ha sido uno de los casos penales más comentados en la provincia.
De la absolución al rechazo de la repetición del juicio
Inicialmente, un jurado popular declaró en noviembre de 2019 no culpable al único acusado del crimen, su propio yerno Miguel López, quien regentaba el concesionario donde se produjo el asesinato. Esa absolución fue adoptada por seis votos frente a tres, en un juicio que se prolongó durante varias semanas y en el que no se logró determinar con certeza la autoría material del disparo ni encontrar el arma homicida.
Sin embargo, ese veredicto fue posteriormente puesto en cuestión por instancias superiores debido a defectos procesales, entre ellos la destrucción de un acta con un primer veredicto de culpabilidad que jamás se incorporó al sumario, y que según la acusación particular vulneró su derecho a una tutela judicial efectiva.
En 2022 el Tribunal Supremo anuló la sentencia absolutoria y ordenó repetir el juicio con un nuevo jurado y magistrado presidente, dando un impulso al proceso judicial.
No obstante, en octubre de 2025 el Tribunal Constitucional respaldó de manera firme la absolución de López al considerar que la indefensión que alegaba la acusación se debió en gran parte a su propia inacción, y por ello descartó la repetición de un nuevo juicio. Con ese fallo, que ha cerrado la vía en España al considerar que no hubo lesión de derechos fundamentales, se frustró el intento de reabrir el caso en los tribunales españoles.
La vía de Estrasburgo: última esperanza de la familia
Ante el cierre de las últimas opciones judiciales en España, el hijo de la víctima ha llevado el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando vulneraciones de derechos en el proceso, entre ellos el derecho a un juicio justo y a que el crimen no quede sin esclarecer. La decisión del TEDH sobre si admite a trámite este recurso o no será clave para determinar si el caso puede reactivarse con nuevas posibilidades de investigación o revisión.
La familia mantiene que, tras casi diez años de proceso, no se ha hecho justicia plenamente y que la muerte de María del Carmen Martínez merece una resolución clara y definitiva. En este contexto, el recurso ante Estrasburgo se presenta como una última alternativa para que el asesinato no quede en un limbo jurídico.
Un caso que marcó a la provincia
El llamado “Caso Sala” fue un acontecimiento muy seguido en Alicante y la Comunidad Valenciana, no solo por la relevancia de la víctima —viuda de Vicente Sala, expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo—, sino por los giros judiciales que lo convirtieron en uno de los procesos penales más complejos y discutidos de los últimos tiempos.
