La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha asegurado que “quizás el PSOE y Compromís se lleven alguna sorpresa en las próximas horas” en relación con la polémica adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la Playa de San Juan, en Alicante.
Camarero se ha pronunciado en estos términos tras asistir, junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, al inicio de las obras de una nueva promoción de VPP dentro del Plan Vive. Preguntada por las declaraciones de la ministra Diana Morant, quien apuntó al actual Consell en relación con la controversia generada en Alicante, la consellera ha acusado a la dirigente socialista de hablar “sin conocimiento” y de mostrar “falta de información sobre lo que ocurre en la Comunitat Valenciana”.
Origen de la promoción bajo el Botànic
La responsable autonómica ha recordado que la promoción de VPP en cuestión se inició en 2018 y que los primeros adjudicatarios se inscribieron ese mismo año, mientras que un segundo bloque lo hizo en 2021, “con el gobierno del Botànic y con las reglas del Botànic”, en referencia al ejecutivo autonómico conformado por PSPV-PSOE y Compromís.
Según ha detallado, la calificación provisional se solicitó en 2021 y fue concedida en septiembre de 2023, también bajo la normativa vigente del anterior gobierno. “Las condiciones económicas y de ingresos las establece el Botànic”, ha insistido Camarero, quien ha denunciado que en los últimos días “se han contado demasiados bulos” y se ha “manipulado” la información.
Asimismo, ha negado que se elaborara un decreto “a medida” para beneficiar a personas vinculadas al Partido Popular y ha precisado que el límite de ingresos exigido para acceder a estas viviendas no era de 66.000 euros, como se ha difundido, sino de 54.000 euros. También ha señalado que el cambio normativo de junio de 2023 fue aprobado por el anterior Consell.
En este sentido, ha subrayado que bajo el Botànic se produjo “un gran salto” en el umbral de ingresos para acceder a VPP, con una subida de 14.000 euros. El actual ejecutivo, ha explicado, lo fijó mediante el decreto 180/2024 en 7.000 euros, atendiendo a peticiones del Consell de la Joventut. Del mismo modo, ha recordado que durante la anterior etapa se incrementó el precio máximo de venta, pasando de 1.800 a 2.200 euros por metro cuadrado.
Investigación abierta y funcionario suspendido
Camarero ha afirmado que el Consell ha actuado “desde el primer momento” tras detectarse una posible irregularidad cometida por un funcionario de la territorial de Alicante —nombrado en la etapa anterior— que habría visado la vivienda adjudicada a su esposa en condiciones que no correspondían.
El trabajador público ha sido suspendido de empleo y sueldo y el caso ha sido trasladado a la Fiscalía, que deberá determinar si existen responsabilidades penales derivadas de los visados irregulares. Además, la Conselleria está revisando el conjunto de la promoción, compuesta por 140 viviendas, de las que en algunos casos falta documentación ya requerida.
La vicepresidenta ha indicado que, una vez se disponga de toda la información, se decidirá si procede ampliar la denuncia ante el ministerio público. “Quiero que se vaya contra quien haya podido cometer alguna irregularidad”, ha manifestado.
Nuevos controles y mayor transparencia
La titular de Vivienda ha defendido que el actual Consell ha implantado mecanismos de control que “no existían con el Botànic”. Entre ellos, ha destacado la implantación del visado electrónico de las VPP, en colaboración con la Agencia Tributaria y el Registro, para comprobar los ingresos reales de los compradores.
También ha señalado que ahora se exige publicidad de la promoción desde la calificación provisional, que los notarios no pueden autorizar la compraventa sin el visado completo y que se ha reducido el plazo entre la solicitud del visado y la adquisición, con el fin de garantizar que la situación económica declarada sea la actual.
Además, el nuevo sistema impide que una sola persona pueda emitir el visado, al establecer una comisión de evaluación, e incorpora mayor difusión pública y “transparencia total” en el registro.
La polémica sobre las VPP en la Playa de San Juan continúa así abierta, con reproches cruzados entre el actual Consell y los partidos de la oposición, mientras la investigación sigue su curso.
