El Consell ha aprobado el decreto ley de medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental, que modifica e introduce cambios y mejoras en la Ley de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, así como en la Ley de tasas y la Ley de protección contra la contaminación acústica.
Estos cambios se justifican por la necesidad de abordar diversos aspectos fundamentales para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del sector en el marco del Plan de Simplificación Administrativa de la Generalitat.
La modificación responde a la necesidad de agilizar tramitaciones administrativas, evitar duplicidades y regular autorizaciones para garantizar un nivel de protección ambiental adecuado
En este sentido, se busca ajustar los tiempos de tramitación administrativa, adaptándolos a las necesidades actuales del sector productivo, mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y metodológicas que permitan agilizar los procesos de autorización.
Así, se pretende facilitar una mayor rapidez en la aprobación de proyectos, sin que ello implique comprometer las medidas preventivas esenciales.
Por otro lado, las modificaciones que introduce el decreto también están enfocadas a fortalecer la protección del entorno natural y hacerlo compatible con el desarrollo económico.
Se pretende regular de manera más efectiva la compensación y reversión de los impactos en el medio ambiente y en la sociedad derivados de los proyectos sometidos a evaluación, promoviendo así un desarrollo más responsable y sostenible.
Ley de prevención, calidad y control ambiental
La Ley de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana que coordina los trámites de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la evaluación de impacto ambiental es la principal norma que será reformada.
El nuevo decreto ley aprobado por el Consell agilizará el proceso para que las actuaciones pasadas y futuras estén en consonancia con las autorizaciones administrativas y las declaraciones de impacto ambiental, evitando así un posible limbo jurídico y facilitando la regularización de proyectos.
Con esta modificación se pretende también actualizar la vía sancionadora de modo que, cuando un proyecto se haya ejecutado sin la evaluación ambiental correspondiente, además de la sanción económica, se imponga la obligación de realizar la evaluación de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente a través de los procedimientos previstos en la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental.
En segundo lugar, el decreto establece que las actividades de uso hospitalario y educativo, al tener carácter esencial y con escasa incidencia ambiental, pasarán a regularse mediante una declaración responsable para agilizar los diferentes procesos.
Ley de Tasas
Por su parte, la Ley de Simplificación Administrativa ha ampliado las entidades autorizadas para emitir la Certificación Documental Acreditada, facilitando los trámites de las AAI, y yendo más allá del enfoque inicial que limitaba esta certificación a los colegios profesionales para agilizar todo el proceso. Como consecuencia, es necesario modificar la Ley de Tasas para extender las bonificaciones en las cuotas de los servicios administrativos de intervención ambiental a otras entidades colaboradoras.
Ley de protección contra la contaminación acústica
Por último, el decreto también introduce cambios en la Ley de protección contra la contaminación acústica para solucionar conflictos y duplicidades que afectan la eficiencia administrativa.
Con la nueva norma se impulsa la creación de zonas de transición acústicas entre usos diferentes, con posibles exenciones en áreas más sensibles si se cumplen condiciones específicas. En determinadas zonas industriales se podrá también evaluar el ruido de forma conjunta, compartiendo la responsabilidad entre todas las actividades implicadas.
