La denuncia que el PSPV-PSOE llevaba semanas anunciando contra el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ya está en manos de la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, el escrito presentado este martes, 10 de noviembre, pone el foco en dos contratos de asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de Finestrat, correspondientes a los años 2018 y 2023, y deja fuera de esta primera acción judicial buena parte de las cuestiones que habían alimentado el conocido dosier sobre el dirigente popular.
El portavoz socialista en Les Corts, José Muñoz, y el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, han formalizado la denuncia en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Los socialistas consideran que las adjudicaciones podrían presentar indicios de prevaricación administrativa, fraude a la Administración en la contratación pública y cohecho, y reclaman que se investiguen.
Los dos contratos fueron adjudicados a Estudi General Advocats i Asessor SLP, un despacho vinculado al exdiputado del Partido Popular David Serra, condenado en el caso Gürtel. El primero, en 2018, ascendió a 154.880 euros, IVA incluido, mientras que el segundo, en 2023, alcanzó los 232.320 euros. En conjunto, casi 400.000 euros durante la etapa en la que Pérez Llorca estaba al frente del Ayuntamiento de Finestrat.
El PSPV cuestiona especialmente la relación profesional entre Serra y el entorno familiar del actual presidente de la Generalitat. Según José Muñoz, el letrado habría asesorado a la familia de Pérez Llorca en asuntos particulares y, posteriormente, el despacho al que está vinculado obtuvo contratos municipales. Los socialistas consideran que esta circunstancia merece ser investigada y plantean un posible conflicto de intereses.
En el procedimiento de 2018, la oferta económica más baja correspondió a Noguera Abogados, cuya propuesta terminó siendo excluida después de no atender correctamente los requerimientos relacionados con una posible baja anormal. La adjudicación recayó finalmente en Estudi General, que había quedado en la siguiente posición.
La denuncia también cuestiona distintos aspectos del procedimiento de 2023, entre ellos la solvencia económica del despacho, los medios personales comprometidos y la valoración de determinados servicios incluidos en la oferta. Por ello, los socialistas solicitan a la Fiscalía que reclame los expedientes completos, las actas de contratación, las ofertas presentadas, las facturas y la documentación relativa a los servicios prestados.
Desde el Partido Popular, el síndic en Les Corts, Nando Pastor, ha trasladado tranquilidad ante la iniciativa socialista y ha acusado al PSPV de intentar embarrar el terreno de juego en plena precampaña electoral.
La denuncia abre ahora la vía para que la Fiscalía examine los hechos y determine si existen elementos que justifiquen nuevas actuaciones. Por el momento, no existe ninguna resolución judicial que declare irregulares estas adjudicaciones ni que atribuya responsabilidad penal a Pérez Llorca.
Así, el dosier que durante semanas ha protagonizado el enfrentamiento político en torno al presidente valenciano llega finalmente a la Fiscalía con un objeto concreto: dos contratos municipales y una serie de interrogantes sobre su adjudicación y las relaciones profesionales del despacho beneficiario.
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