El técnico de la delegación territorial en Alicante de la Conselleria de Vivienda implicado en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la Playa de San Juan, investigadas por presuntas irregularidades, se ha reincorporado a su puesto de trabajo tras cumplir la sanción administrativa. Según el Consell, lo hace “porque es su derecho”, aunque desempeñará funciones diferentes a las que motivaron su suspensión.
Así lo ha explicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, tras el pleno del Gobierno valenciano, donde ha subrayado que la apertura de una causa judicial paraliza la actuación administrativa, lo que permite al funcionario recuperar su puesto mientras continúa la investigación.
El caso se enmarca en el conocido como escándalo de las VPP de la promoción Les Naus, en el entorno de la Playa de San Juan, donde se investigan adjudicaciones presuntamente irregulares de un total de 140 viviendas protegidas. Entre ellas figura una otorgada a la pareja sentimental del propio técnico encargado de tramitar y visar los expedientes.
Reconocimiento de los hechos e investigación judicial
Durante la fase inicial de la investigación, varios responsables de la Conselleria declararon ante el juzgado que el funcionario reconoció su actuación cuando el caso salió a la luz. Según relataron, llegó a admitir: “Lo siento, la he cagado y asumiré toda la responsabilidad”.
La causa, instruida por un juzgado de Alicante, analiza posibles irregularidades en el proceso de adjudicación, en el que, según los testimonios, el control administrativo era limitado y recaía en gran medida en el técnico que validaba los expedientes.
Diversos comparecientes han señalado que la normativa vigente podría haber facilitado estas situaciones, al dejar en manos de los promotores la adjudicación efectiva de las viviendas, con una supervisión administrativa centrada principalmente en la revisión final de la documentación.
Reacciones políticas y contexto
El caso ha generado una fuerte polémica política en Alicante y en la Comunitat Valenciana. Partidos de la oposición han reclamado responsabilidades y han llegado a pedir dimisiones en el ámbito municipal, denunciando falta de control en la gestión de suelo público y en la adjudicación de viviendas protegidas.
Por su parte, el Consell defiende que actuó con rapidez al abrir expediente al funcionario implicado y apartarlo de sus funciones en cuanto se conocieron los hechos, y sostiene que ahora su reincorporación responde únicamente al marco legal vigente.
Próximos pasos
La investigación judicial continúa abierta, con nuevas comparecencias previstas y la revisión de los expedientes de las viviendas adjudicadas. El procedimiento deberá determinar si existieron responsabilidades penales o administrativas en uno de los casos más controvertidos recientes relacionados con vivienda pública en Alicante.
Mientras tanto, el funcionario seguirá en su puesto, aunque sin intervenir en procesos vinculados a adjudicaciones de vivienda pública, a la espera de la resolución judicial definitiva.
