El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este miércoles el criterio del “arraigo” como elemento prioritario para acceder a ayudas públicas, especialmente en materia de vivienda, emprendimiento y apoyo a colectivos vulnerables.
Durante su intervención, el jefe del Consell ha subrayado que su propuesta busca “garantizar que quienes ya residen en la Comunitat Valenciana tengan preferencia” en el acceso a recursos públicos, en un contexto marcado por la creciente presión sobre el mercado inmobiliario y las dificultades de acceso a la vivienda.
El planteamiento del presidente llega en medio de un debate político más amplio sobre los requisitos de acceso a ayudas públicas. Pérez Llorca ha defendido que el arraigo —entendido como el tiempo de residencia y la vinculación con el territorio— puede ser un criterio “justo y equilibrado” para priorizar recursos limitados, sin excluir a otros colectivos.
Críticas a propuestas “excluyentes”
En este contexto, el president también ha cargado contra el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, tras una publicación en redes sociales en la que se sugería prohibir la venta de viviendas a personas extranjeras.
Pérez Llorca ha cuestionado duramente esta postura, preguntándose si responde a “actitudes con tintes racistas o xenófobos hacia quienes llegan de otros países”. A su juicio, este tipo de planteamientos “no ayudan a resolver el problema de fondo” y contribuyen a polarizar el debate social.
Debate abierto sobre vivienda
La cuestión del acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de discusión política en la Comunitat Valenciana y en el conjunto de España. Diversos expertos coinciden en que factores como el aumento de la demanda, la escasez de oferta y la presión del mercado internacional están detrás de la subida de precios.
En este escenario, propuestas como la priorización por arraigo se suman a otras medidas que se están debatiendo a nivel autonómico y municipal, como la regulación del alquiler, el impulso de vivienda pública o la limitación de operaciones especulativas.
Desde el Consell insisten en que cualquier medida deberá respetar el marco legal vigente y los principios de igualdad, al tiempo que permita atender de forma eficaz las necesidades de la población residente.
