El PSOE de Sant Joan d’Alacant ha acusado este jueves al equipo de gobierno del PP, encabezado por el alcalde Santiago Román, de “perder el control de la vivienda pública en Nou Nazareth” tras destaparse nuevas irregularidades en el proceso de comercialización de las viviendas de protección pública (VPP) previstas en una parcela municipal.
Durante una rueda de prensa, la secretaria general del PSOE local, Eva Delgado, y la portavoz municipal socialista, Esther Donate, denunciaron que la promotora adjudicataria estaría solicitando pagos de alrededor de 1.750 euros en concepto de reserva para unas viviendas que todavía no cuentan con la calificación provisional obligatoria ni con el contrato de compraventa del suelo formalizado.
Según los socialistas, esta situación evidenciaría una “falta de control” del Ayuntamiento sobre una promoción que se levantará en el sector de Nou Nazareth, donde está previsto construir 131 viviendas protegidas en una parcela municipal licitada en 2025.
Publicidad como segunda residencia
Uno de los aspectos que más preocupa al grupo socialista es la publicidad detectada en la web de la promoción, en la que se indicaba que las viviendas podían destinarse “tanto para residir todo el año como para segunda vivienda”.
“La promotora en su propia página web anunciaba: excelente tanto para todo el año como para segunda vivienda. Esto es muy grave”, señaló Donate, quien advirtió de que esta circunstancia sería incompatible con el régimen jurídico de las viviendas protegidas.
Denuncias registradas en el Ayuntamiento
El PSOE también ha dado a conocer varios registros de entrada en el Ayuntamiento que, a su juicio, apuntan a irregularidades en la comercialización.
En uno de ellos, fechado el 22 de febrero, un demandante de vivienda denunciaba que las viviendas de tres dormitorios ya se habrían asignado tras una convocatoria presencial a la que acudieron entre 70 y 80 personas, sin publicidad institucional ni información previa a quienes habían mostrado interés en la promoción.
Sin embargo, al día siguiente de presentar esa reclamación, la misma persona registró un nuevo escrito comunicando que la comercializadora le había ofrecido finalmente una vivienda, por lo que desistía de su queja.
“¿Cómo es posible que un ciudadano presente una queja a un ayuntamiento y al día siguiente tenga una vivienda mientras cientos de personas siguen esperando?”, cuestionó la portavoz socialista.
Inscripciones previas a la adjudicación de la parcela
Los socialistas también han revelado otro registro presentado el 4 de marzo en el que una persona asegura haberse inscrito en una lista de interesados el 9 de diciembre de 2025, diez días antes de que la parcela fuera adjudicada oficialmente por la Junta de Gobierno.
“¿Cómo puede haber personas apuntadas a una promoción antes incluso de que se adjudicara la parcela?”, se preguntó Donate, quien también cuestionó por qué algunas personas fueron contactadas por la comercializadora mientras otras no recibieron ninguna llamada.
Críticas al silencio de la concejala de Vivienda
El PSOE ha cargado además contra la concejala de Vivienda, Charo Tomás, por no haber comparecido públicamente para explicar lo sucedido.
“Estamos hablando del mayor escándalo relacionado con vivienda pública en Sant Joan en los últimos años y la concejala responsable no ha dado ni una sola explicación”, afirmó Donate.
Según los socialistas, mientras la promotora ya publicitaba las viviendas, vecinos que preguntaban en el Ayuntamiento por el proceso de inscripción recibían como respuesta que todavía no existía información disponible.
“O la concejala no sabía lo que estaba ocurriendo o no quiso enterarse. Y cualquiera de las dos cosas es muy grave”, añadió.
El Ayuntamiento investiga posibles irregularidades
La polémica surge después de que el propio Ayuntamiento reconociera haber detectado posibles irregularidades en la comercialización de las viviendas, entre ellas la captación de reservas y publicidad antes de obtener la calificación provisional necesaria para vender este tipo de inmuebles.
Ante estos hechos, el consistorio envió un requerimiento a la promotora para paralizar la comercialización y advirtió de la posible revocación de la adjudicación del solar, que todavía es de titularidad municipal mientras no se formalice la transmisión.
Además, el Servicio Territorial de Vivienda de la Generalitat ha solicitado información a la empresa y le ha concedido un plazo para aclarar los hechos, con la advertencia de que podría abrirse un expediente sancionador.
El PSOE acusa al alcalde de actuar tarde
Durante su comparecencia, los socialistas también acusaron al alcalde de ofrecer explicaciones contradictorias sobre cuándo tuvo conocimiento de la situación.
Según el regidor, el Ayuntamiento y la Generalitat conocían los hechos desde el 20 de febrero, pero el expediente sancionador de la Conselleria no se inició hasta el 26 de febrero, y el requerimiento municipal a la empresa se realizó el 27 de febrero, coincidiendo con el pleno en el que el asunto se hizo público.
“Si el alcalde lo sabía desde el día 20, ¿por qué no actuó antes? Y si no lo sabía, ¿quién estaba controlando este expediente?”, planteó Donate.
Exigencias del PSOE
Ante esta situación, el PSOE ha reclamado varias medidas al gobierno municipal:
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La convocatoria inmediata de una comisión de investigación municipal.
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La publicación de las listas completas de personas que han reservado vivienda y de la lista de espera.
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La creación de un canal municipal de atención a posibles afectados.
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La revisión del expediente de enajenación de la parcela si se confirman irregularidades.
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El traslado del caso a Fiscalía si se detectan indicios de ilegalidad.
Los socialistas han advertido además de que estudiarán acciones judiciales si el Ayuntamiento no actúa para esclarecer lo ocurrido.
“La vivienda pública no puede gestionarse con opacidad mientras cientos de vecinos esperan una oportunidad para acceder a una vivienda asequible”, concluyeron.
