El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha acusado este martes al equipo de gobierno de Luis Barcala de haber elaborado un pliego de condiciones del transporte público urbano “a la medida” de la actual concesionaria, tras conocerse una sentencia judicial que anula parte del proceso de licitación del servicio de autobuses urbanos.
La portavoz socialista, Ana Barceló, ha exigido que se depuren “responsabilidades políticas” por el “caos permanente” que, a su juicio, afecta a la contratación de los grandes servicios municipales. Sus declaraciones llegan después de que trascendiera un segundo recurso contra el concurso de la zona azul y el depósito de vehículos, así como el fallo judicial sobre la adjudicación del transporte urbano.
La sentencia, dictada por el Tribunal de Instancia de Alicante, considera que varias cláusulas del pliego vulneraban los principios de proporcionalidad, libre concurrencia, igualdad y no discriminación, al limitar de forma excesiva la participación de empresas en el concurso público.
En concreto, el juzgado cuestiona la exigencia de acreditar experiencia previa con una flota mínima de 71 autobuses durante los tres últimos años y la imposibilidad de que las empresas agrupadas en una UTE pudieran sumar solvencias técnicas. Según el fallo, estas condiciones reducían la competencia a apenas cuatro operadores nacionales y favorecían indirectamente a la concesionaria actual, la UTE MIA, integrada por Vectalia, Masatusa y Subús.
“Estamos hablando de algo mucho más serio de lo que el PP intenta aparentar”, ha señalado Barceló, quien ha acusado al ejecutivo local de “intentar minimizar una resolución judicial muy grave que cuestiona elementos esenciales del procedimiento de contratación”.
La dirigente socialista ha recordado que el PSOE ya advirtió durante la tramitación del contrato de que el pliego podía convertirse en “un traje a medida para determinadas empresas”. El contrato del servicio de autobús urbano fue adjudicado en 2022 a la UTE MIA por más de 125 millones de euros y entró en funcionamiento en 2023.
Por su parte, el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, ha rechazado cualquier favoritismo hacia la actual concesionaria y ha defendido que el Ayuntamiento buscaba un pliego “ambicioso” que garantizara la capacidad técnica y operativa necesaria para prestar “un servicio óptimo para los alicantinos”.
Desde el Ayuntamiento han anunciado además que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al considerar que los requisitos exigidos estaban justificados por la envergadura del contrato, valorado en más de 145 millones de euros.
La resolución judicial deja ahora en el aire parte de la megacontrata del autobús urbano de Alicante, aunque la actual adjudicataria continuará prestando el servicio mientras no exista una resolución firme.
