El Partido Socialista de Alicante denuncia que las carencias en el servicio de Ayuda a Domicilio está mermando la atención a personas que necesitan atención. El contrato efectuado en 2008, finalizó todas sus prórrogas y por tanto su posibilidad de ser renovado en noviembre de 2019 y, el Alcalde, en un homenaje más a la desidia, fue incapaz de licitar a tiempo un nuevo contrato, provocando la merma en el servicio y que el Ayuntamiento tuviese que abonar fuera de contrato los servicios prestados por la anterior adjudicataria.
El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, indica que el informe del interventor es claro a la hora de revelar la inacción del Alcalde que, a sabiendas de que el contrato expiraba y no existía posibilidad de renovación, optó de nuevo por el inmovilismo, licitando tarde y a destiempo el contrato que ofrece un servicio fundamental en nuestra ciudad. En esta ocasión, su falta de compromiso con los ciudadanos de Alicante ha costado 583.000 por los servicios prestados fuera de contrato por la anterior empresa (Servisar) entre el 1 de sept¡embre y el 25 de noviembre de 2020”.
La concejala Lola Vílchez afirma que una vez más la edil Julia Llopis demuestra su falta de gestión en una de sus áreas y sus continuos incumplimientos
En este sentido, la concejala Lola Vílchez afirma que una vez más la edil Julia Llopis demuestra su falta de gestión en una de sus áreas y sus continuos incumplimientos, porque la contratación pública, como revela el informe, es formal, quedando la contratación verbal apartada del procedimiento administrativo. “En ningún caso podemos dejar al libre albedrío un servicio esencial, que se ha ido degradando por la falta de interés de la señora Llopis”.
La edil socialista insiste en que estamos en esta situación exclusivamente por la falta de capacidad del Sr. Barcala y la Sra. Llopis, que aún no han entendido que no se pueden prorrogar contratos que no existen y no solo porque vaya en contra de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia sino porque al final, son los usuarios del servicio los que pagan las consecuencias.