El grupo municipal del PSOE en Alicante ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que expone indicios de hasta cinco delitos en relación con la adjudicación de la primera promoción de viviendas de protección pública (VPP) en más de 20 años en la ciudad, un proceso que ha desencadenado un escándalo político y la dimisión de dos cargos del Ayuntamiento.
La denuncia, registrada por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, señala que los hechos investigados podrían constituir prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal. Los socialistas consideran que la promoción, construida sobre una parcela municipal en la zona de Playa de San Juan, ha beneficiado a personas vinculadas al equipo de gobierno liderado por el alcalde Luis Barcala (PP).
La denuncia se produce después de que trascendiera que entre los adjudicatarios de estas viviendas figuraban la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien ya presentó su dimisión tras salir a la luz su condición de beneficiaria, así como un arquitecto municipal y familiares de una directora general del Ayuntamiento, quien también renunció a su cargo tras la polémica.
«Un escándalo que hiere el derecho a la vivienda»
Barceló ha denunciado que un procedimiento que debía facilitar el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan ha acabado favoreciendo a cargos públicos y personas cercanas al gobierno local, en un contexto de más de 5 400 familias en lista de espera para vivienda pública en Alicante. Por ello, ha instado a la Fiscalía a investigar “qué ha pasado y por qué” y ha exigido al alcalde que convoque un pleno extraordinario y ponga en marcha una comisión de investigación municipal.
Para el PSOE, la dimisión de los dos altos cargos no es suficiente, ya que la cuestión, según su diagnóstico, “va mucho más allá de la polémica mediática”. “Barcala no actuó con la transparencia exigible ni estableció los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal”, ha sentenciado la portavoz socialista.
Reacciones y contexto político
El caso ha generado reacciones también en otros partidos. Compromís, por ejemplo, ha registrado en las Corts Valencianes la petición de una comisión de investigación autonómica para esclarecer no solo la adjudicación de estas viviendas, sino también el uso real que se está haciendo de ellas, dado que la normativa exige que las VPP sean la residencia habitual de los adjudicatarios y no se alquilen a terceros ni se conviertan en viviendas de uso turístico.
Desde el equipo de gobierno municipal, el alcalde Barcala ha defendido la apertura de expedientes de investigación interna y se ha comprometido a colaborar con la Justicia y revisar los procedimientos. No obstante, la oposición mantiene que estos pasos son insuficientes sin un esclarecimiento judicial completo.
