El informe del Síndic de Greuges en su Memoria de 2019 señala que los retrasos para conseguir derechos o prestaciones reconocidas por las leyes -en Renta Valenciana de Inclusión; vivienda; atención a la discapacidad o a la dependencia; prestaciones de emergencia, sanitarias o de inclusión- han sido las principales quejas de los ciudadanos durante el pasado año. Se trata de las competencias de la vicepresidenta del Gobierno, Mónica oltra, que tanto habló en su campaña de «atender a las personas primero» y que ahora, según el informe del Defensor del Pueblo valenciano, es una de las mayores carencias de este ejecutivo del Botànic. La portavoz del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha defendido este viernes el trabajo y progreso en servicios sociales en la Comunitat Valenciana en los últimos años, tras ese informe del Síndic de Greuges.
La Sindicatura constaba que los plazos se exceden «de forma escandalosa, por acostumbrada» en asuntos «tan básicos» como la Renta Valenciana de Inclusión; vivienda; atención a la discapacidad o a la dependencia; prestaciones de emergencia, sanitarias o de inclusión. En concreto, el departamento de Oltra suma 1.349 quejas de las 2.475 recibidas por actuaciones de la administración autonómica.
A la consellera no le ha debido gustar ese informe, pero en su comparecencia de los viernes ha agradecido el trabajo de la Sindicatura, que ha calificado como un «órgano estatutario esencial» y ha destacado el «especial interés», «la extensión y cuidado con el que trata» los temas de servicios sociales en su informe, y ha defendido que en esta materia «queda mucho por hacer pero se ha avanzado mucho también».
El Defensor del Pueblo valenciano subraya retrasos para conseguir derechos o prestaciones reconocidas por las leyes en 2019 y Oltra replica que se ha avanzado mucho
Oltra ha reconocido que el informe ayuda a su departamento a mejorar al indicar por dónde van las quejas de los ciudadanos, y ha recalcado que se trata de unos temas que «siempre han sido olvidados» por lo que «está bien que se ponga al mismo nivel que otros sistemas de protección». No obstante, ha apuntado que las quejas presentadas ante la institución sumaban 13.574 en total en 2015 y ahora son 4.528, una reducción «muy significativa que es por la mejora de la situación con la llegada del Botànic». En el caso de Servicios Sociales, ha hecho hincapié en que ha registrado 1.423 quejas, 679 menos que en 18 y 779 en dependencia, la mitad de las 1.535 de media registradas en los años 2011 a 2014. «No queremos decir que no se tenga que mejorar; los primeros conscientes somos nosotros, pero miren la diferencia», ha indicado, para añadir que en junio de este año hay 95.186 personas en el sistema de dependencia, 53.000 más que en 2015, es decir, más que el doble.
Y en cuanto a destinatarios de la Renta Valenciana de Inclusión, a finales mayo había 54.375 personas en el sistema y se destina un presupuesto de 229 millones de euros frente a los 20 millones de 2015, con lo que el importe destinado a estas ayudas se ha multiplicado por diez. «Queda mucho por hacer pero se ha avanzado mucho también, tanto que las entidades independientes que analizan las políticas sociales en los distintos territorios, como la asociación de directores de servicios sociales, reconocen el avance sin precedentes de la Comunitat Valenciana», ha concluido.
