El subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel Pineda, ha asegurado que el Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura “irrenunciable” para el presente y el futuro de la provincia, en el marco de su toma de posesión y primeras declaraciones institucionales.
Pineda, recientemente nombrado representante del Ejecutivo central en Alicante, ha defendido la importancia estratégica de esta infraestructura hídrica, clave para el abastecimiento urbano y el regadío en el sureste español. Durante su intervención, subrayó que el mantenimiento del trasvase constituye una prioridad, al tiempo que avanzó que el Gobierno trabaja en inversiones para reforzar el sistema hídrico, incluyendo mejoras en desalación y energías asociadas.
El nuevo subdelegado, que ha dejado atrás una larga etapa como alcalde de Rafal para asumir esta responsabilidad, inicia así una nueva fase centrada en la coordinación de las políticas estatales en la provincia.
Reacciones políticas
Las declaraciones de Pineda no han tardado en generar reacciones en el ámbito político autonómico. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha valorado positivamente sus palabras, aunque le ha instado a trasladar esa defensa del trasvase al Gobierno central.
Barrachina ha reclamado “pasar de las palabras a los hechos” y exigir que no se continúen aplicando recortes al Tajo-Segura, en un contexto marcado por el debate sobre las reglas de explotación y el incremento de los caudales ecológicos del río Tajo.
Un debate estructural
El Trasvase Tajo-Segura, en funcionamiento desde 1979, es una de las principales infraestructuras hidráulicas de España y ha sido históricamente objeto de controversia política y territorial. Permite transferir agua desde la cabecera del Tajo hacia la cuenca del Segura, beneficiando especialmente a la agricultura y al abastecimiento en provincias como Alicante, Murcia y Almería.
En los últimos años, las decisiones sobre su regulación —como la modificación de caudales ecológicos o las nuevas normas de explotación— han intensificado el debate entre comunidades autónomas y sectores implicados, especialmente el agrícola, que advierte de posibles impactos económicos y sociales si se reducen los aportes hídricos.
Defensa del agua en Alicante
En este contexto, la afirmación de Pineda refuerza una posición ampliamente compartida en la provincia, donde administraciones, regantes y organizaciones agrarias coinciden en considerar el trasvase como un recurso esencial.
El nuevo subdelegado afronta así uno de los asuntos más sensibles de la agenda política alicantina, con el reto de compatibilizar la postura del Gobierno central con las demandas históricas del territorio en materia de agua.
