El conflicto por la gestión del Centro de Acogida y Urgencia Social de Alicante, el CAUS, llega a su desenlace judicial. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por lo que esta resolución adquiere carácter firme.
El pronunciamiento respalda a la Fundación Salud y Comunidad, anterior adjudicataria del servicio, y reconoce la obligación de contemplar la subrogación de las trabajadoras en la nueva contratación.
La controversia se remonta al cambio de empresa gestora del centro municipal, que atiende a personas sin hogar y en situación de emergencia social. La anterior entidad recurrió los pliegos del nuevo contrato al considerar que se había excluido indebidamente la continuidad de parte de la plantilla.
El TSJCV estimó su recurso y consideró que existía suficiente identidad entre el servicio anterior y el nuevo como para exigir la subrogación de las trabajadoras. También cuestionó el presupuesto de licitación, al entender que no había tenido en cuenta correctamente los costes derivados de esa obligación. Ahora, el Supremo cierra la posibilidad de continuar recurriendo esta resolución.
La resolución judicial afecta a más de una veintena de trabajadoras y supone un revés para la posición que había mantenido el Ayuntamiento en este procedimiento. El Supremo considera que el recurso municipal no justificaba suficientemente el interés casacional y, además, impone las costas procesales al Consistorio.
Por su parte, el Ayuntamiento asegura que está preparando una nueva licitación del servicio y que trabaja para adaptar la contratación a las resoluciones judiciales, abordando también la situación de las profesionales afectadas. El Consistorio sostiene que la prestación está garantizada.
Hay que recordar que el CAUS es un recurso esencial para la atención a personas en situación de exclusión residencial. Actualmente dispone de 69 plazas de alojamiento temporal, 15 comidas adicionales y equipos de atención en la calle.
Desde REAPSHA, la Red de Entidades para la Atención a Personas Sin Hogar de Alicante, insisten en que la calidad de la atención social no puede separarse del reconocimiento de los derechos laborales de quienes trabajan directamente con las personas más vulnerables.
La entidad reclama que se cumplan las resoluciones judiciales, que se respeten los derechos de las trabajadoras y que se garantice la continuidad de un servicio público esencial, con un modelo estable, especializado y centrado en las personas.
El mensaje es claro: las personas sin hogar no pueden convertirse en las perjudicadas por los problemas de gestión de un servicio municipal, ni las profesionales quedar al margen de los derechos que les corresponden.
Con la decisión del Supremo se cierra la batalla judicial, pero queda por delante el reto de ejecutar la sentencia y resolver definitivamente la situación laboral de las trabajadoras y el futuro de un recurso fundamental para la atención social en Alicante.
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