El caso Les Naus vuelve a provocar un enfrentamiento entre antiguos compañeros del gobierno municipal de Alicante. Apenas unas horas después de que el exconcejal del PP Toni Gallego declarase ante la jueza que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas protegidas de Playa de San Juan, el vicealcalde, Manuel Villar, ha enviado un comunicado a los medios de comunicación para contradecir su testimonio y cuestionar la versión que Gallego ha dado ante la jueza.
Villar asegura que “lo que el exconcejal recuerda no coincide con la realidad de los hechos” y sostiene que existen documentos que demostrarían que Gallego sabía días antes del pleno del 25 de julio de 2024 que tendría que responder a una pregunta de Compromís sobre el proceso de adjudicación de las VPP de Les Naus.
El vicealcalde mantiene que Gallego, que entonces era concejal de Hacienda y Patrimonio, tenía asignada previamente la respuesta por ser el responsable del área. “Se puede acreditar documentalmente”, afirma Villar, quien asegura que tanto él como el resto de concejales del equipo de gobierno conocían con antelación quién debía responder a cada una de las iniciativas planteadas en aquel pleno.
Sin embargo, el Ayuntamiento no ha hecho público por ahora el documento al que alude Villar, por lo que esta afirmación forma parte de la versión ofrecida por el gobierno municipal.
Dos versiones sobre aquel pleno
La controversia se centra en lo ocurrido en torno a la pregunta que el grupo Compromís formuló sobre las 133 viviendas de protección pública de la avenida Historiador Vicente Ramos, una de las cuestiones que posteriormente adquirieron especial relevancia en la investigación de Les Naus.
El acta oficial del pleno del 25 de julio de 2024 recoge que Compromís preguntó por el proceso de adjudicación de estas viviendas y que la iniciativa fue contestada.
Gallego ha declarado este miércoles ante la jueza que mantiene la versión que ya expuso el pasado mes de julio ante la comisión de investigación de Les Corts. Según su testimonio, Rocío Gómez le comunicó unos minutos previos a aquel pleno que era beneficiaria de una vivienda en Les Naus y le pidió que respondiera él a la pregunta para evitar problemas. Gallego también ha señalado que recibió documentación para preparar aquella intervención.
El exedil sostiene, por tanto, que una cosa era conocer que tendría que intervenir finalmente y otra que esa intervención estuviera asignada con varios días de antelación.
El gobierno municipal eleva el tono
La respuesta del equipo de gobierno de Luis Barcala supone un cambio de tono respecto a la estrategia mantenida hasta ahora, marcada por la prudencia y por la apelación al respeto a la investigación judicial.
Manuel Villar insiste en que Gallego conocía previamente que debía contestar la pregunta y que no hubo ninguna improvisación durante la sesión plenaria.
“Era el concejal de Patrimonio”, argumenta el vicealcalde, quien añade que “a nadie le sorprendió ni le pudo sorprender” que el alcalde diese la palabra a Gallego durante aquel punto del pleno.
Además, Villar asegura que la asignación de las respuestas de las iniciativas plenarias se conocía con anterioridad y que esta circunstancia puede ser demostrada “documental y fehacientemente”.
Un documento que no se ha hecho público
La clave de esta nueva batalla política y judicial está ahora en determinar qué documentación tiene el Ayuntamiento y qué acredita exactamente, ya que es la primera vez que el gobierno de Barcala alude a esa documentación que, hasta ahora, permanece oculta.
El consistorio sostiene que esos documentos demostrarían que Gallego conocía con días de antelación que debía responder a Compromís. Gallego, por su parte, mantiene ante la jueza que la sustitución de Rocío Gómez se produjo en los momentos previos al pleno, después de que la entonces concejala de Urbanismo le trasladara que tenía una vivienda en la promoción.
La propia documentación oficial del Ayuntamiento confirma que el pleno se celebró el 25 de julio de 2024 y que en el orden del día figuraba la pregunta de Compromís sobre el proceso de adjudicación de las viviendas protegidas.
La jueza que instruye el caso había citado a Gallego como testigo después de que el exconcejal revelara ante Les Corts que Gómez le había comunicado en 2024 que tenía una vivienda en Les Naus. La magistrada solicitó además las actas y la grabación de aquella comparecencia parlamentaria.
Ahora, tras su declaración judicial y la respuesta del gobierno de Barcala, la fecha y la forma en la que Gallego recibió el encargo de responder sobre las VPP se convierten en uno de los nuevos puntos de controversia de una investigación que continúa abierta.
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