La adjudicación de varias viviendas de protección pública de la única promoción construida en Alicante en más de dos décadas ha desatado una fuerte polémica política y social en la ciudad. Entre los beneficiarios figuran la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento, un arquitecto municipal del mismo departamento y los dos hijos de una directora general del Consistorio, lo que ha puesto en el centro del debate a la gestión del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) y a la transparencia del proceso.
La promoción, ubicada en La Condomina, en Playa de San Juan, es la primera vivienda protegida que se entrega en Alicante desde hace más de dos décadas en un contexto urbano marcado por una elevada demanda de vivienda y precios inmobiliarios prohibitivos. Se trata de un conjunto de 134 viviendas protegidas con zonas comunes que incluyen piscina, pistas deportivas y otras dotaciones que han generado listas de espera con cerca de 2 000 aspirantes en lista de reserva.
Vinculados al Ayuntamiento entre los adjudicatarios
Según informaciones publicadas por varios medios, entre los adjudicatarios figuran:
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Rocío Gómez, concejala de Urbanismo desde junio de 2023, que habría adquirido una vivienda junto a su pareja a un precio público por debajo del mercado habitual.
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Francisco Nieto, arquitecto municipal adscrito al área de Urbanismo.
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Dos hijos de María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento.
Fuentes municipales defienden que la concejala solicitó la vivienda antes de incorporarse al cargo político y que cumplía los requisitos de acceso, aunque esta versión aún no ha sido documentada públicamente en su totalidad.
Expediente interno y posible fiscalización
Ante las críticas y sospechas de trato de favor, el alcalde Luis Barcala ha anunciado la apertura de un expediente de averiguación de hechos para esclarecer cómo se tramitó el proceso de adjudicación y determinar si se ha cometido alguna irregularidad administrativa. Barcala ha subrayado que, si se detecta “la menor sospecha” de irregularidad, llevará el caso ante la Fiscalía.
El expediente, encargado al secretario general del Ayuntamiento, solicita información a varias concejalías —Urbanismo, Patrimonio y Contratación— para identificar a todas las personas que han intervenido en las fases del proceso urbanístico que permitió la construcción y adjudicación de estas VPO.
Reacciones de la oposición y presión política
La oposición municipal ha cargado duramente contra el equipo de gobierno. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló (PSPV), ha exigido la dimisión de la concejala de Urbanismo y ha pedido la convocatoria de un pleno extraordinario para dar explicaciones ante la ciudadanía, además de anunciar que el PSOE llevará el caso a la Fiscalía.
Compromís ha tachado el asunto de “escándalo” y ha reclamado la dimisión del alcalde, mientras que Vox ha pedido el cese inmediato de la directora general implicada. Todos los grupos de la oposición, según fuentes consultadas, han solicitado también la constitución de una comisión de investigación para fiscalizar la adjudicación.
Este caso se produce en un momento muy delicado para las políticas de vivienda en Alicante, donde el acceso a una vivienda asequible sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y una de las demandas más repetidas en foros vecinales y sociales.
