Les Naus, Rocío Gómez
La exedil ha afirmado igualmente que no recuerda haberse reunido con el promotor del residencial ni haber intervenido en trámites relacionados con el desarrollo urbanístico de Les Naus desde su responsabilidad municipal

La exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, ha asegurado este miércoles ante la jueza que investiga el caso Les Naus que no recuerda haber sido informada sobre cuestiones relacionadas con la promoción de viviendas protegidas durante los casi tres años que estuvo al frente del área municipal. Tampoco recordó, según fuentes presentes en la declaración, que desde Patrimonio se trasladara interés alguno por designar un arquitecto de apoyo técnico para el proyecto.

Gómez, que dimitió el pasado febrero tras estallar el escándalo de las VPP de Playa de San Juan, ha declarado en calidad de investigada ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante. Durante su comparecencia sostuvo que conoció la promoción a través de su marido y no por información procedente del Ayuntamiento, y explicó que se adhirió a la cooperativa promotora a finales de 2018, antes de iniciar su etapa política.

La exedil ha afirmado igualmente que no recuerda haberse reunido con el promotor del residencial ni haber intervenido en trámites relacionados con el desarrollo urbanístico de Les Naus desde su responsabilidad municipal.

La jornada judicial incluyó además varias declaraciones testificales y la comparecencia de otros investigados vinculados a la promoción. Entre ellos figuraban funcionarios de la Generalitat y del Ayuntamiento de Alicante, así como un arquitecto municipal y el promotor que adquirió los terrenos para levantar la urbanización, también beneficiario de una vivienda en el complejo.

La investigación judicial analiza posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus, situada en Playa de San Juan, una promoción que se convirtió en el foco de la polémica tras conocerse que cargos públicos, familiares de responsables municipales y funcionarios figuraban entre los adjudicatarios. La causa investiga presuntos delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada y fraude a la administración.

El caso provocó en febrero una crisis política en el Ayuntamiento de Alicante y derivó en varias dimisiones, entre ellas la de la propia Rocío Gómez y la de otros cargos vinculados a la administración autonómica y municipal.

Si deseas aportar tu opinión sobre esta noticia, por favor, deja aquí tu comentario.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Descubre más desde Alicante Al Día

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo