Audiencia provincial
La Fiscalía solicita cuatro años de prisión y hasta nueve años de inhabilitación por presuntas irregularidades cometidas entre 2004 y 2007

La Audiencia Provincial de Alicante tiene previsto celebrar este jueves, 4 de junio, el juicio contra un exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teulada acusado por la Fiscalía de los delitos de cohecho y contra la ordenación del territorio, en relación con una serie de actuaciones urbanísticas desarrolladas entre los años 2004 y 2007.

La vista oral se celebrará a partir de las 10.00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Según mantiene el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, el procesado habría participado presuntamente en diversas gestiones y operaciones urbanísticas mientras ocupaba responsabilidades en la Concejalía de Urbanismo y, al mismo tiempo, mantenía una participación del 25 % en una empresa dedicada a la gestión urbanística. La acusación considera que esta circunstancia pudo generar un conflicto de intereses en la tramitación de determinados expedientes.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el exedil una pena de cuatro años de prisión y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de cohecho. Además, reclama otros nueve años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación urbanística.

En la misma causa también figura como acusado un técnico municipal que ejercía como jefe del Área de Urbanismo en la época investigada. El Ministerio Público le atribuye igualmente un delito de prevaricación y solicita para él una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Los hechos objeto del procedimiento se remontan al periodo comprendido entre 2004 y 2007, coincidiendo con los años de mayor expansión urbanística en la comarca de la Marina Alta y en otros municipios de la Comunitat Valenciana. Durante aquellas fechas, diversas actuaciones urbanísticas desarrolladas en diferentes localidades acabaron siendo objeto de investigaciones judiciales por presuntas irregularidades administrativas y urbanísticas.

Será ahora la Audiencia Provincial la que determine, tras la práctica de la prueba durante el juicio, si existieron las conductas delictivas descritas por la Fiscalía y la eventual responsabilidad de los acusados.

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