La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, juzga este lunes a dos hombres y una mujer acusados de organizar el traslado de cinco personas migrantes desde Argelia hasta la costa alicantina en una embarcación precaria que fue interceptada por la Guardia Civil tras dos días de travesía.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan al 14 de octubre de 2022, cuando la embarcación partió desde las costas argelinas con destino a España. A bordo viajaban cinco personas, entre ellas una menor de edad que, presuntamente, habría abonado 900 euros por el trayecto después de que le prometieran que podría trabajar como camarera una vez llegara a territorio español.
La Guardia Civil interceptó la patera dos días después de su salida, poniendo fin a una travesía que, según sostiene la Fiscalía, se desarrolló en condiciones de elevado riesgo para los ocupantes. El Ministerio Público considera que la embarcación carecía de los elementos básicos de seguridad exigibles para una navegación de esa distancia y duración, lo que habría puesto en peligro la vida y la integridad física de las personas transportadas. La acusación destaca además las dificultades inherentes a este tipo de rutas marítimas entre el norte de África y el litoral alicantino, una de las principales vías de entrada irregular por mar al este peninsular.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita para cada uno de los tres acusados una pena de seis años de prisión por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
El juicio se celebrará a partir de las 9.30 horas en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, ubicada en Elche.
Una ruta bajo vigilancia
Las costas de la provincia de Alicante continúan siendo uno de los puntos habituales de llegada de embarcaciones procedentes de Argelia. En los últimos años, los tribunales alicantinos han juzgado numerosos casos relacionados con el traslado irregular de migrantes en pateras, especialmente cuando las embarcaciones carecen de medidas de seguridad o cuando se acredita la existencia de contraprestaciones económicas por el viaje. La jurisprudencia viene considerando que estas travesías pueden constituir un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros cuando se favorece la entrada irregular en España y se genera una situación de riesgo para los ocupantes.
