La Diputación de Alicante ha celebrado esta mañana la sesión constitutiva de la Comisión de Investigación de la gestión del Bono Consumo en la que se ha acordado el calendario de sesiones, así como la propuesta de comparecencias que se irán sucediendo en las próximas semanas y que arrancarán el próximo lunes con la intervención, a petición propia y voluntaria, del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño.
Durante la reunión, se han votado las distintas propuestas de comparecencias presentadas por los grupos y ha salido finalmente aprobada la del Grupo Popular, con el apoyo de Compromís y Vox, ya que según ha destacado la presidenta de la Comisión y portavoz de los populares, Ana Serna, “entendemos que, en cualquier caso, si alguien tiene que comparecer son aquellos alcaldes cuyos ayuntamientos contrataron la gestión del bono comercio con Facpyme”. En este sentido, ha cifrado en cerca de una veintena los ayuntamientos que optaron por este servicio. Es por ello que los populares han solicitado, con el respaldo de los grupos de la oposición a excepción del Grupo Socialista, que comparezca en primer lugar el alcalde de Elda, Rubén Alfaro.
En base a este mismo criterio, la vicepresidenta primera de la Diputación ha manifestado no entender la petición de los socialistas para que comparezca el alcalde de Alicante, Luis Barcala, “ya que este Ayuntamiento en ningún momento gestionó el bono comercio con Facpyme… lo que pone de manifiesto lo poco que los diputados socialistas se han preparado esta comisión”.
“Nuestro único interés con esta comisión es que el buen nombre de esta institución no quede manchado”, ha apuntado Serna, quien ha criticado que, frente a ello, “el Grupo Socialista solo quiere hacer ruido porque estamos en un momento en el que ya hay que poner en marcha la maquinaria electoral”.
Finalmente, la diputada popular ha vuelto a defender la actuación de la Diputación “que lo único que hizo fue poner en marcha un programa que tanto ayudó a dinamizar la economía en un momento muy difícil para todos los alicantinos, gestionando la convocatoria como una más”. En este sentido, ha explicado que las ayudas se concedieron a los ayuntamientos según unas bases “que todos los grupos políticos aprobamos” y que fueron los consistorios los que, con total autonomía local y la fiscalización correspondiente, decidieron libremente como gestionar el programa.
