La Fiscalía solicita de forma provisional una pena de once años de prisión para cada una de las tres personas —dos hombres y una mujer— acusadas de formar parte de un grupo criminal organizado dedicado a la estafa, la falsedad documental y el blanqueo de capitales.
Según el escrito de acusación, los hechos se habrían producido entre los años 2017 y 2019, periodo en el que los encausados presuntamente se especializaron en la apertura de cuentas bancarias utilizando documentación robada, falsa u obtenida de manera fraudulenta.
En dichas cuentas se realizaban transferencias e ingresos de grandes cantidades de dinero, procedentes de terceras personas no identificadas, que posteriormente eran retiradas por los acusados. Estas extracciones se llevaban a cabo bien a través de cajeros automáticos o mediante transferencias a otras cuentas bancarias, con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero.
El Ministerio Público considera que los hechos constituyen delitos continuados de estafa y falsedad en documento oficial, así como delitos de integración en grupo criminal y blanqueo de capitales, por lo que reclama para cada uno de los procesados la citada pena de prisión, además de las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del procedimiento.