La Generalitat Valenciana ha dado un paso adelante para hacerse con las viviendas de protección pública (VPP) de la urbanización Les Naus, en la Playa de San Juan de Alicante, que sus actuales propietarios decidan poner a la venta. La Conselleria de Vivienda ha consultado ya a la jueza que instruye la causa judicial sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de estos inmuebles para conocer si puede ejercer el derecho de tanteo y retracto.
La iniciativa del Gobierno valenciano llega apenas un mes después de que el Ayuntamiento de Alicante confirmara que no ejercerá ese derecho sobre los pisos que algunos de los adjudicatarios pretenden vender. El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, defendió en el pleno municipal de julio que el Consistorio no destinará recursos a adquirir estas viviendas, al considerar que no responden al perfil de las personas que actualmente demandan vivienda social en la ciudad.
La Generalitat, en cambio, ha decidido explorar la adquisición de aquellos inmuebles cuyos propietarios renuncien a ellos. La vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, confirmó este jueves que su departamento se ha dirigido al juzgado para determinar si puede intervenir en estas operaciones sin interferir en la investigación judicial.
Camarero ha asegurado que, si obtiene el permiso correspondiente, la Generalitat adquirirá las viviendas que se pongan a disposición del mercado y que posteriormente podrían destinarse tanto al alquiler como a la compra dentro del régimen de protección pública. El objetivo, según ha explicado, es evitar que estos pisos puedan convertirse en objeto de especulación.
Un giro tras la renuncia de Alicante
La decisión autonómica supone un cambio relevante respecto a la situación planteada durante los últimos meses. En febrero, Ayuntamiento y Generalitat trabajaban en un convenio para articular la cesión de los derechos de adquisición preferente sobre las VPP de Les Naus cuando sus propietarios solicitaran venderlas.
Sin embargo, el Ayuntamiento terminó descartando ejercer el tanteo y retracto. Antonio Peral justificó esta decisión en los informes técnicos y en los datos del registro municipal de demandantes de vivienda, señalando que las características y el precio de estos inmuebles no encajan con las necesidades de las personas que buscan vivienda pública en Alicante.
La renuncia municipal abrió la puerta a que la Generalitat asumiera el protagonismo en una eventual recompra. El Consell ya había avanzado a principios de agosto que estudiaba adquirir los pisos que sus propietarios quisieran abandonar y ahora Vivienda ha confirmado que está dispuesta a hacerlo, aunque condicionada a la autorización de la magistrada.
La jueza debe determinar si las viviendas pueden venderse
La situación está condicionada por la causa judicial abierta por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las VPP de Les Naus. La instructora investiga el proceso de adjudicación de la promoción, construida sobre suelo municipal en la zona de la Playa de San Juan.
La magistrada ha citado como investigadas a 15 personas, entre ellas la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, además de funcionarios municipales, responsables vinculados a la promoción y beneficiarios de algunas de las viviendas.
La propia Conselleria de Vivienda remitió en marzo al juzgado un informe en el que señalaba posibles incumplimientos de los requisitos de acceso en seis de las adjudicaciones analizadas, mientras que otras tres personas no habían aportado la documentación requerida.
La Generalitat también solicitó personarse en la causa como acusación y parte perjudicada, una petición que refleja el interés del Ejecutivo autonómico por conocer y esclarecer lo ocurrido en la promoción.
De las viviendas de Rocío Gómez y Francisco Ordiñana a una posible compra pública
Entre los propietarios que han manifestado su intención de desprenderse de sus viviendas se encuentran la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y el administrador de la promotora vinculada a la cooperativa, Francisco Ordiñana.
Precisamente, ambos aparecen vinculados a la investigación judicial que trata de determinar si existieron irregularidades en el proceso de adjudicación de los pisos.
La urbanización Les Naus está formada por una promoción de viviendas de protección pública construida sobre suelo municipal. El caso adquirió una importante dimensión política y judicial después de conocerse que algunos de los beneficiarios estaban vinculados a cargos y funcionarios de las administraciones implicadas en la gestión del suelo y de las propias viviendas.
Ahora, la Generalitat pretende que aquellos pisos que finalmente queden disponibles puedan permanecer dentro del parque de vivienda protegida y no terminen convirtiéndose en un producto de mercado libre.
La operación, sin embargo, no está todavía autorizada. La Conselleria permanece a la espera de la respuesta de la jueza para saber si puede ejercer el tanteo y retracto y, en consecuencia, adquirir las viviendas que sus propietarios quieran vender.
La prioridad declarada por Vivienda es clara: evitar la especulación y mantener los inmuebles dentro del circuito de vivienda protegida, pero cualquier movimiento deberá realizarse respetando las decisiones de la magistrada que instruye el caso Les Naus.
