El caso de la promoción de vivienda protegida de Les Naus volverá a centrar el debate político en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante, previsto para este jueves 26 de febrero. Los grupos de la izquierda han registrado cuatro nuevas iniciativas para indagar sobre posibles irregularidades en los procesos de adjudicación y gestión del suelo público, en un contexto marcado por la polémica en torno a la promoción ubicada en La Condomina.
Tras anunciar su intención de que la sesión girase en torno a las adjudicaciones a personas presuntamente vinculadas con el PP, el Ayuntamiento y la Generalitat, PSOE y Esquerra Unida-Podemos han ampliado su batería de preguntas. Con estas nuevas propuestas —a las que se suma una iniciativa registrada por Vox—, la práctica totalidad de las mociones de la oposición se centrarán en la política municipal de vivienda protegida.
El orden del día del pleno, hecho público este lunes por el consistorio, incluye cuestiones relacionadas tanto con la situación de la vivienda protegida en la ciudad como con las adjudicaciones en el residencial de La Condomina, donde se ubica la promoción de Les Naus. La controversia se inició tras trascender que varias viviendas habrían sido adjudicadas a personas con vínculos políticos o institucionales, lo que ha derivado en acusaciones cruzadas y en la exigencia de explicaciones por parte de la oposición.
En concreto, Esquerra Unida-Podemos preguntará al equipo de gobierno si tiene previsto retomar la venta de las parcelas situadas en la avenida de Jaime II y en la calle del Pozo, cuya enajenación comenzó a tramitarse en 2022, así como cómo explica el ejecutivo que la cooperativa de Les Naus presentara su oferta apenas un día después de iniciarse el concurso público.
Por su parte, el PSOE solicitará aclaraciones sobre la posible paralización de la venta del solar de la calle Ceuta y sobre los trámites realizados por el Ayuntamiento para suspender la cesión de suelo municipal al denominado Plan Vive hasta que se modifique la normativa autonómica. El Generalitat Valenciana impulsa este plan con el objetivo de promover vivienda asequible mediante la colaboración público-privada, aunque su desarrollo ha suscitado críticas por parte de la oposición municipal.
Entre las iniciativas ya anunciadas destaca la petición de dimisión del alcalde, Luis Barcala, cuya viabilidad dependerá en gran medida de la posición que adopte Vox, formación que mantiene silencio público desde hace más de una semana sobre este asunto.
Además, la izquierda propondrá la creación de una comisión de seguimiento de las futuras promociones de vivienda protegida en Alicante, que incluiría tanto las de titularidad municipal como las vinculadas al Plan Vive autonómico. También se defenderá una iniciativa para que el gobierno local recupere su intención inicial de impulsar una promoción pública en el solar de la calle Ceuta.
El pleno de febrero se presenta así como un nuevo capítulo en la controversia sobre la gestión del suelo y la vivienda protegida en Alicante, en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y en uno de los ejes centrales del debate político municipal.
