El caso Les Naus incorpora un nuevo elemento que sitúa en 2022, cuatro años antes de que estallara públicamente la polémica, una de las claves sobre quién conocía la presencia de familiares de altos cargos municipales entre los futuros propietarios de las viviendas protegidas de Playa de San Juan.
La entonces jefa del Servicio de Contratación y actual responsable de esta área, María Pérez-Hickman, declaró ante la jueza que investiga la adjudicación de las VPP que informó al actual vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, y al jefe de los Servicios Jurídicos municipales, Manuel Cordón, de que sus hijos habían ingresado en la cooperativa Residencial Les Naus.
Según su declaración, la comunicación se produjo en el marco del proceso de incorporación de sus familiares a la cooperativa y se remontaría al 14 de febrero de 2022, fecha en la que más de un centenar de futuros propietarios formalizaron su adhesión.
La fecha resulta especialmente relevante porque el proyecto se encontraba todavía en plena tramitación administrativa. La propia documentación municipal acredita que la cooperativa Residencial Les Naus ya había sido seleccionada como adjudicataria de la parcela municipal de 8.618 metros cuadrados ubicada entre la avenida Historiador Vicente Ramos y las calles Las Redes y Periodista Asunción Valdés. La Junta de Gobierno había aprobado el 8 de febrero de 2022 la clasificación de las ofertas y requerido a la cooperativa la documentación previa a la adjudicación.
Poco después, el 22 de marzo de 2022, la Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación de la parcela a la cooperativa, según la documentación y la cronología que ha trascendido durante la investigación.
La declaración de Pérez-Hickman adquiere especial relevancia por el papel que desempeñaban entonces los dos cargos a los que, según afirma, comunicó la situación. Manuel Villar era concejal responsable de Contratación, mientras que Manuel Cordón ejercía como letrado jefe de la Asesoría Jurídica municipal. La documentación oficial de las mesas de contratación de aquel año sitúa a Villar como presidente y a Cordón como vocal jurídico, mientras que Pérez-Hickman actuaba como secretaria de la Mesa.
El caso salió a la luz pública a comienzos de 2026, cuando se conoció que entre los beneficiarios de las 140 viviendas protegidas de Les Naus figuraban la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como los dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman, además de varios técnicos y funcionarios vinculados a distintas administraciones. Pérez-Hickman renunció entonces a su puesto como directora general del Ayuntamiento, aunque mantiene su condición de funcionaria y la jefatura del Servicio de Contratación.
La investigación judicial ha ido ampliándose desde entonces. En abril, la jueza citó como investigadas a 15 personas, entre ellas Rocío Gómez, María Pérez-Hickman, funcionarios municipales y autonómicos, beneficiarios de las viviendas y el administrador de la empresa gestora de la cooperativa.
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado, entre otra documentación, el registro de socios de la cooperativa, las solicitudes de ingreso, los contratos de adhesión y adjudicación y la documentación utilizada para seleccionar a los adjudicatarios. La propia cooperativa ha defendido que su registro permite comprobar el orden cronológico de incorporación de los socios y ha asegurado que no se alteró ese orden para favorecer a determinados cooperativistas.
La declaración de Pérez-Hickman introduce ahora una cuestión adicional: qué responsables municipales conocían y desde cuándo la vinculación de sus familiares con el proyecto.
El propio Villar ha defendido públicamente la actuación de Pérez-Hickman y ha rechazado adoptar medidas disciplinarias contra ella. En junio aseguró que la funcionaria había apremiado a los técnicos para agilizar el proyecto, pero sostuvo que esa actitud era habitual en su trabajo y que no constituía una actuación excepcional en Les Naus.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa abierta y el caso también mantiene su recorrido político. La comisión municipal de investigación terminó esta semana sin un dictamen conjunto, mientras que la comisión de Les Corts Valencianes tiene previstas nuevas comparecencias los días 20 y 22 de octubre, entre ellas las de familiares de Pérez-Hickman que obtuvieron viviendas en la promoción.
El caso Les Naus queda así pendiente de determinar no solo cómo se adjudicaron las viviendas, sino también quién conocía la presencia de determinados beneficiarios, cuándo tuvo esa información y qué decisiones se adoptaron mientras el proyecto avanzaba.
