La protección del litoral español vuelve a situarse en el centro del debate jurídico y político. Los derechos de los propietarios, la recuperación del dominio público marítimo-terrestre y el futuro de los núcleos históricos de viviendas junto al mar protagonizan una controversia que afecta especialmente a la provincia de Alicante.
La asociación Somos Mediterrània ha difundido un informe comparativo atribuido a la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, la UNECE, sobre la regulación de los terrenos situados junto a masas de agua. Según la interpretación de la entidad, el documento cuestiona el modelo español de protección de la propiedad privada en la costa y plantea dudas sobre su adecuación a los estándares europeos.
La organización denuncia que los deslindes administrativos pueden incorporar terrenos al dominio público marítimo-terrestre sin indemnizar a sus antiguos propietarios, sustituyendo sus derechos de titularidad por concesiones administrativas sujetas a limitaciones. También reclama una reforma de la legislación estatal para reforzar la seguridad jurídica de las familias afectadas.
BABILONIA, SÍMBOLO DE UN CONFLICTO QUE SIGUE ABIERTO
La controversia adquiere una dimensión especialmente relevante en Alicante tras la reciente resolución del Tribunal Constitucional sobre la Ley valenciana 3/2025, de protección y ordenación de la costa.
El alto tribunal ha estimado el recurso del Gobierno central contra varios de sus preceptos. En concreto, declara inconstitucionales el artículo 17 y la disposición final primera en cuanto se apliquen a bienes del dominio público marítimo-terrestre, al considerar que las medidas autonómicas de protección patrimonial no pueden limitar las competencias del Estado sobre esos terrenos. También declara inconstitucional y nula la disposición adicional cuarta, relativa al inventario de terrenos degradados incluidos en ese dominio público.
La decisión afecta especialmente a las viviendas tradicionales de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, cuya demolición había sido ordenada mediante resoluciones judiciales firmes. La Generalitat pretendía amparar estos inmuebles mediante su reconocimiento como núcleo de especial valor histórico y etnológico.
El Constitucional reconoce que la comunidad autónoma puede proteger los valores culturales e históricos de los asentamientos costeros, pero establece que esa protección no puede impedir las actuaciones estatales destinadas a garantizar la integridad y recuperación del dominio público marítimo-terrestre. Los preceptos cuestionados podrán seguir aplicándose en otros espacios del litoral donde no concurra ese conflicto competencial.
UNA REFORMA DE COSTAS, EN EL CENTRO DE LAS REIVINDICACIONES
Somos Mediterrània reclama al Gobierno y a las Cortes Generales que paralicen los deslindes en tramitación y suspendan las órdenes de derribo mientras se reforma la legislación estatal. La asociación defiende un marco que combine la protección medioambiental del litoral con garantías para los propietarios y una compensación justa cuando corresponda legalmente.
El conflicto enfrenta dos objetivos que continúan marcando la política costera: preservar el patrimonio natural y recuperar espacios públicos, por un lado, y ofrecer seguridad jurídica a quienes llevan décadas viviendo en enclaves tradicionales, por otro.
En Alicante, el futuro de las casas de Babilonia vuelve a poner de manifiesto la dificultad de conciliar ambos intereses. La discusión ya no se limita a la aplicación de la Ley de Costas: afecta también a la conservación de la memoria de los antiguos poblados marineros y al alcance de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas.
La cuestión de fondo sigue abierta: cómo garantizar la protección del litoral sin dejar desprotegidas a las familias afectadas por los deslindes y las órdenes de demolición.
