La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reclamado este jueves que se depuren responsabilidades políticas por las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, situado en la Playa de San Juan de Alicante.
Durante una visita a la ciudad y tras reunirse con asociaciones vecinales, la ministra subrayó que lo ocurrido “requiere una asunción de responsabilidades” y defendió la necesidad de reforzar los mecanismos de control para garantizar que la vivienda protegida llegue realmente a quienes la necesitan.
El caso ha generado una fuerte polémica en Alicante después de que se detectaran posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de los pisos del complejo residencial Les Naus, una promoción de alrededor de 140 viviendas construidas en una parcela municipal y destinadas, en teoría, a personas con recursos limitados.
Investigación judicial y comisión parlamentaria
Las sospechas sobre la asignación de estas viviendas han dado lugar a diversas denuncias por posibles delitos como prevaricación administrativa, tráfico de influencias o fraude, lo que ha motivado la apertura de diligencias judiciales para investigar el proceso.
Paralelamente, las Corts Valencianes han constituido una comisión de investigación para analizar lo sucedido. En este contexto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que el Ayuntamiento está “a entera disposición” del parlamento autonómico para aclarar los hechos y aportar toda la documentación necesaria.
Petición de auditoría y más controles
Rodríguez ha reclamado a la Generalitat Valenciana que recupere los controles públicos en el sistema de adjudicación de vivienda protegida y que impulse una auditoría para revisar los procedimientos y detectar si existen casos similares en la comunidad.
La ministra considera que la eliminación de ciertas garantías en la normativa autonómica permitió la “privatización” de algunos procesos de adjudicación, lo que, a su juicio, habría facilitado las irregularidades detectadas en el caso de Les Naus.
Asimismo, defendió que la vivienda protegida debe permanecer al servicio del interés general y estar sujeta a mecanismos de control permanentes que eviten su uso con fines especulativos o su acceso por parte de personas que no cumplen los requisitos sociales.
Un caso con fuerte impacto político
El escándalo de Les Naus se ha convertido en una de las mayores crisis políticas recientes en el Ayuntamiento de Alicante y ha provocado un intenso cruce de acusaciones entre administraciones y partidos políticos.
Mientras el Gobierno central reclama reforzar los controles y depurar responsabilidades, desde el Consell valenciano se acusa al Ejecutivo de utilizar el caso con fines políticos y se recuerda que la promoción se gestionó bajo normativas aprobadas durante el anterior gobierno autonómico.
Con la investigación judicial en marcha y la comisión parlamentaria recién constituida, el futuro del residencial Les Naus y de sus adjudicaciones continúa bajo escrutinio público, mientras vecinos y colectivos sociales reclaman transparencia y que las viviendas protegidas se destinen a las familias que realmente las necesitan.
