La investigación judicial sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus sigue elevando la presión política sobre el Ayuntamiento de Alicante. Tras las declaraciones realizadas este miércoles por varios investigados y testigos ante la magistrada instructora, la oposición municipal al completo —PSOE, Compromís, EU-Podem y Vox— coincide en señalar que el Consistorio ha quedado “seriamente cuestionado” y reclama que el alcalde, Luis Barcala, sea citado a declarar.
El foco se ha situado especialmente sobre la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, quien compareció como investigada y aseguró ante la jueza no recordar numerosos aspectos relacionados con la promoción inmobiliaria, pese a haber sido adjudicataria de una de las viviendas junto a su entorno familiar. También la jefa de Patrimonio municipal habría alegado desconocimiento o falta de memoria sobre cuestiones clave del expediente.
Las respuestas ofrecidas durante la jornada judicial han provocado una inmediata reacción política. Desde la oposición consideran que las comparecencias dejaron más dudas que aclaraciones y sostienen que el alcalde debe asumir responsabilidades políticas y ofrecer explicaciones directas sobre el papel del Ayuntamiento en la tramitación de las VPP.
El caso Les Naus investiga posibles delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude e información privilegiada en la adjudicación de viviendas protegidas construidas sobre suelo municipal en la Playa de San Juan. La jueza mantiene imputadas a 15 personas, entre ellas antiguos cargos municipales, técnicos y beneficiarios de las viviendas.
Durante su declaración, Rocío Gómez afirmó no recordar reuniones con el promotor ni intervenciones relacionadas con el desarrollo urbanístico de Les Naus mientras dirigía el área de Urbanismo. También negó conocer irregularidades en el procedimiento y evitó concretar aspectos relativos a la adjudicación de viviendas a familiares y personas vinculadas al entorno municipal.
La situación ha reactivado además la polémica política sobre las comisiones de investigación abiertas tanto en el Ayuntamiento como en Les Corts Valencianes. Vox y los grupos de izquierda ya habían defendido en semanas anteriores la necesidad de que Barcala comparezca públicamente, mientras el PP ha intentado evitar esa citación en el ámbito parlamentario autonómico.
Por su parte, el alcalde ha reiterado en las últimas semanas su “máximo respeto” a las decisiones judiciales y ha insistido en la colaboración del Ayuntamiento con la investigación. No obstante, hasta ahora ha evitado pronunciarse sobre posibles responsabilidades políticas derivadas del caso.
El escándalo de Les Naus provocó meses atrás la dimisión de Rocío Gómez como concejala de Urbanismo y continúa erosionando la estabilidad política del gobierno municipal, en un contexto en el que la oposición considera que las explicaciones ofrecidas hasta la fecha son insuficientes.
