La ampliación de la zona de estacionamiento regulado en Alicante se encuentra con un frente común de oposición vecinal. Las asociaciones de distintos barrios de la ciudad han unido sus voces para expresar su rechazo a la implantación de nuevas zonas azul y naranja y reclamar al Ayuntamiento que reconsidere una medida que, a su juicio, supondrá hacer pagar a los residentes por estacionar en las calles donde viven.
Su mensaje es contundente: «No queremos pagar por aparcar en nuestras propias calles». Los colectivos consideran que el proyecto no resolverá los problemas de aparcamiento que sufren numerosos barrios y que, por el contrario, trasladará a los ciudadanos el coste de una gestión que consideran que debería garantizar un servicio público de movilidad.
El Ayuntamiento presentó en abril el nuevo contrato de estacionamiento regulado, que contempla la incorporación de 3.077 nuevas plazas en Benalúa Sur, Juzgados, Alipark y Princesa Mercedes. La mayor parte, 2.542, serían de zona naranja, destinada prioritariamente a residentes y gratuita para ellos. El resto correspondería a plazas de zona azul. La operación forma parte de una concesión de servicios que se extiende durante 19 años y cuyo importe global supera los 143 millones de euros.
El principal argumento de los vecinos es que la medida puede resultar discriminatoria. Sostienen que no todos los residentes tienen las mismas circunstancias personales, laborales o económicas. Mientras algunos podrán acogerse a las condiciones de la zona naranja, otros, por sus horarios o necesidades, tendrán que recurrir a plazas de pago para poder dejar sus vehículos cerca de sus domicilios.
Rechazo vecinal
Las asociaciones también cuestionan que se presente la regulación como una solución a la falta de aparcamiento, cuando, según denuncian, no supone crear nuevas plazas, sino cambiar las condiciones de utilización de las que ya existen. Reclaman alternativas reales, como aparcamientos disuasorios, mejores conexiones de transporte público y una política de movilidad que no penalice a quienes necesitan utilizar el vehículo privado.
El rechazo vecinal no es nuevo. Asociaciones de Benalúa, Alipark, San Antón y otros barrios ya habían expresado públicamente su malestar y reclamado diálogo al Ayuntamiento. En junio llegaron a plantear un frente común para organizar acciones contra la ampliación de la ORA.
Además, el proyecto continúa rodeado de incertidumbre. La tramitación del nuevo contrato ha sufrido distintos retrasos y, según las últimas informaciones publicadas, el Ayuntamiento todavía no ha concretado cuándo se retomará su adjudicación. El PSOE también ha cuestionado la gestión del expediente y ha anunciado su respaldo a las reivindicaciones vecinales.
Ahora, los colectivos vecinales reclaman al equipo de gobierno que escuche a los barrios antes de adoptar decisiones que condicionarán durante años la movilidad y el estacionamiento en Alicante. Piden abrir un proceso de diálogo real y revisar una iniciativa que, aseguran, no puede plantearse únicamente desde el punto de vista económico.
El debate está servido: cómo mejorar la movilidad y ordenar el aparcamiento en Alicante sin convertir el estacionamiento en una nueva carga para sus propios vecinos.
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