El caso de las viviendas protegidas de Les Naus continúa destapando una compleja red de vínculos personales, familiares y políticos entre buena parte de los adjudicatarios del residencial ubicado en la Playa de San Juan de Alicante. La investigación judicial abierta por el Juzgado de Instrucción número 5 y las comisiones políticas impulsadas tanto en el Ayuntamiento como en Les Corts han puesto el foco sobre un listado de propietarios plagado de coincidencias y relaciones previas.
Los datos analizados sobre los 140 adjudicatarios, junto a la veintena de personas que abandonaron la cooperativa antes de formalizar la compra, revelan conexiones entre familiares directos, parejas, hijos de altos cargos públicos, empleados municipales y personas vinculadas al entorno político del Partido Popular en Alicante. En varios casos, además, se repiten apellidos y círculos de amistad o afinidad profesional que ya habían coincidido previamente en administraciones públicas o estructuras orgánicas vinculadas al poder local.
La polémica estalló tras conocerse que entre los beneficiarios figuraban la entonces concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, familiares de la exdirectora general María Pérez-Hickman, así como personas relacionadas con cargos de confianza del anterior equipo de gobierno municipal. Las revelaciones provocaron dimisiones en distintas áreas institucionales y derivaron en una investigación judicial por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y uso de información privilegiada.
La jueza instructora ya ha citado como investigadas a quince personas, entre ellas antiguos responsables políticos, técnicos municipales y responsables de la cooperativa promotora del residencial. La magistrada trata de esclarecer si existió trato de favor en el acceso a unas viviendas protegidas destinadas, en teoría, a familias con ingresos limitados.
Paralelamente, los informes remitidos por la Conselleria de Vivienda al juzgado apuntan a posibles incumplimientos en varios expedientes. Según la documentación aportada, al menos seis adjudicaciones no cumplirían los requisitos exigidos para acceder a viviendas de protección pública, principalmente por superar los límites de ingresos o patrimonio establecidos por la normativa.
Otro de los elementos que ha alimentado la controversia son las anomalías detectadas en el uso efectivo de las viviendas. Un informe municipal señaló que 46 de los 140 pisos carecían de personas empadronadas, pese a tratarse de inmuebles protegidos destinados a residencia habitual. También se detectaron adjudicatarios muy jóvenes, algunos de entre 18 y 24 años, circunstancia que ha generado dudas sobre cuándo y cómo accedieron a la cooperativa.
La oposición política sostiene que el listado completo de propietarios evidencia la existencia de “lugares comunes” dentro de la promoción: familiares que obtuvieron varias viviendas, parejas que accedieron simultáneamente a pisos contiguos y personas vinculadas profesionalmente entre sí. Mientras tanto, desde el gobierno local se insiste en que el Ayuntamiento únicamente participó en la venta del suelo y la concesión urbanística, defendiendo que la adjudicación correspondía a la cooperativa promotora.
El caso continúa avanzando tanto en sede judicial como política. La Generalitat Valenciana ha solicitado incluso personarse como acusación particular y parte perjudicada en la causa, en un movimiento que evidencia la magnitud institucional alcanzada por el escándalo.
