La Asociación de Vecinos Parque del Mar ha presentado un escrito por registro en el Ayuntamiento de Alicante dirigido a la alcaldía, al dpto. Conservación de Inmuebles y a las concejalías de Urbanismo, Infraestructuras y Participación Ciudadana, denunciando la existencia de numerosos elementos de fibrocemento en el edificio de propiedad municipal de las antiguas Harinas Cloquell, donde se les informa que, dentro del conocido como Plan Parcial de Benalúa Sur, se encuentra la Unidad de Ejecución Nº2 del Sector I/2 “Benalúa Sur” , cuyo ámbito comprende las edificaciones correspondientes a las antiguas harineras Bufort y Cloquell, siendo parte de la fábrica de Harinas Cloquell, la destinada a su conservación y uso dotacional por parte del Ayuntamiento de Alicante, que pasa a ser el propietario de estas edificaciones, y cuya cubierta, en un altísimo porcentaje, está realizada con placas de fibrocemento, así como otros elementos de la red de recogida y canalización de las aguas pluviales situados en cubierta y fachada del citado inmueble.
La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, en su disposición adicional decimocuarta, obliga a los ayuntamientos a realizar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y a establecer un calendario de retirada.
Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.
El plazo inicial para la elaboración del censo y el calendario era de un año desde la entrada en vigor de la ley, en abril de 2022, por lo que en abril de 2023 venció el plazo, y el Ayuntamiento de Alicante, salvo que estemos equivocados, no ha elaborado, a fecha de hoy, dicho censo, y que obliga la Ley 7/2022 desde abril de 2023.
En el escrito presentado, se les recuerda que el amianto, también conocido como asbesto, es un conjunto de minerales fibrosos que fue ampliamente utilizado en la construcción por sus propiedades aislantes y su resistencia al calor. Sin embargo, su uso está prohibido desde 2002 debido a su elevada peligrosidad. Cuando envejece o se manipula, libera fibras microscópicas que, al ser inhaladas, pueden provocar enfermedades graves como asbestosis, mesotelioma o distintos tipos de cáncer pulmonar. La Organización Mundial de la Salud lo considera una de las principales causas de muerte relacionada con el trabajo en el ámbito global.
La vida útil estimada de las cubiertas de fibrocemento con amianto es de 25 a 30 años. Si el tejado tiene más de esta edad, como es el caso del tejado del conjunto de edificaciones de Harinas Cloquell, es muy probable que esté deteriorado y debe ser evaluado por un profesional y proceder a su urgente retirada, ante la posibilidad de que el material está liberando fibras de amianto.
Dado que el edificio de Harinas Cloquell, es de propiedad municipal, y sin uso dotacional previsto, ni proyecto de adecuación conocido, ni fecha prevista de rehabilitación del edificio a corto plazo, para adecuarlo a ese uso dotacional al que aspira, y debido a la gran superficie de su cubierta realizada con placas de fibrocemento, así como de los elementos de recogida de pluviales, y dado que ha rebasado con creces la vida útil estimada para dichos elementos, sumado al estado ignominioso de abandono actual, su cercanía a áreas habitadas de reciente creación, incluido el colegio CEIP Benalúa, con una numerosa población escolar de niños y docentes, considerada como vulnerable, y lo que se indica en la legislación vigente para estos casos, hemos solicitado al Ayuntamiento que se incluya en el censo de este tipo de instalaciones, valorando su estado, y la retirada de este material por gestor autorizado, y que se haga de forma urgente, debido a que el plazo para realizarlo ya ha expirado de forma intolerable, pese a ser un asunto de extrema gravedad y representar un serio peligro potencial de salud pública generado en una instalación municipal
