La jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Alicante y exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, ha comparecido este miércoles ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes que analiza las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus. La alta funcionaria ha optado por no responder a las preguntas formuladas por los distintos grupos parlamentarios al acogerse a su derecho a no declarar por su condición de investigada en la causa judicial abierta sobre este asunto. La funcionaria, que todavía ocupa un cargo de confianza designado por el alcalde Luis Barcala como jefa del Servicio de Contratación, ha mantenido a compostura en todo momento con actitud seria y serena y sin gesticular, ante las preguntas directas de los componentes de la comisión.
Entre las preguntas, los portavoces políticos le han planteado a la funcionaria cuestiones como: ¿Cuándo se enteró que sus hijos eran adjudicatarios de Les Naus? ¿Fueron los dos a la vez o cada uno en un procedimiento separado? ¿Y su sobrino, consiguió vivienda al mismo tiempo que sus hijos? ¿Intermedió usted en algún momento para que las consiguieran? ¿Conoce al gerente de la cooperativa? Toni Gallego dijo que en 2024 Rocío Gómez desvelo su condición de adjudicataria en Les Naus ¿Le dijo usted algo al alcalde para que supiera que sus hijos y su sobrino también disponían de VPP en Les Naus? Y así, un buen puñado de preguntas que se han quedado sin contestación y sobre las que Pérez-Hickman ni siquiera se ha inmutado.
Durante su comparecencia, Pérez-Hickman ha permanecido en silencio mientras los diputados formulaban sus preguntas. La compareciente, acompañada por su abogado, únicamente leyó una breve declaración al término de las intervenciones en la que explicó que su decisión obedecía a las garantías constitucionales que asisten a cualquier persona investigada en un procedimiento judicial. Según manifestó, su silencio «no supone una falta de respeto ni una voluntad de obstaculizar» los trabajos de la comisión parlamentaria.
La comparecencia se produce en un contexto de creciente presión política sobre el denominado caso Les Naus, que investiga las adjudicaciones de 140 viviendas de protección pública construidas sobre una parcela municipal en la Playa de San Juan. La causa judicial mantiene a una quincena de personas investigadas, entre ellas la propia Pérez-Hickman.
La investigación judicial analiza, entre otros extremos, la adjudicación de viviendas a dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman cuando esta ocupaba un puesto de máxima responsabilidad dentro del organigrama municipal. Los tribunales tratan de determinar si existieron irregularidades o conflictos de intereses durante el procedimiento de adjudicación.
Los grupos parlamentarios de la oposición intentaron conocer cuándo tuvo conocimiento de que sus familiares optaban a las viviendas, si intervino de algún modo en el procedimiento, por qué continuó formando parte de los órganos municipales relacionados con la contratación y si informó al alcalde de Alicante, Luis Barcala, de la situación. Ninguna de estas cuestiones obtuvo respuesta debido a la decisión de la funcionaria de acogerse a su derecho constitucional a no declarar.
La comparecencia de Pérez-Hickman se suma a otras sesiones de la comisión parlamentaria marcadas por la controversia política. En las últimas semanas, las declaraciones de distintos comparecientes han intensificado el enfrentamiento entre el equipo de gobierno municipal y la oposición, que reclama mayores explicaciones sobre la gestión de la promoción Les Naus y sobre el conocimiento que pudo tener el alcalde, Luis Barcala, de las adjudicaciones investigadas. El primer edil mantiene que no tuvo constancia de las posibles irregularidades hasta enero de este año, una versión cuestionada por diversos comparecientes y por los grupos de la oposición.
La comisión de investigación de Les Corts continuará durante las próximas semanas con nuevas comparecencias de responsables políticos y técnicos municipales, mientras la investigación judicial sigue su curso para esclarecer si se produjeron irregularidades en el proceso de adjudicación de las viviendas protegidas.
