La investigación judicial sobre las Viviendas de Protección Pública (VPP) del residencial Les Naus sigue sacando a la luz nuevos elementos que refuerzan las sospechas sobre la gestión administrativa de una de las promociones más polémicas de los últimos años en Alicante.
Un correo electrónico fechado el 14 de diciembre de 2022 e incorporado a las diligencias judiciales revela que la entonces directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos y actual jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, instó a responsables municipales de Urbanismo a agilizar la concesión de la licencia de obras para el residencial Les Naus, una promoción de 140 viviendas protegidas construida sobre una parcela municipal en La Condomina.
Según la documentación obrante en la causa, Pérez-Hickman defendió ante el jefe de Disciplina Urbanística y Ambiental, Manuel Baltar, y la jefa de Gestión Patrimonial, Paloma Romero, que la licencia debía concederse si el proyecto cumplía la normativa urbanística, dejando para una fase posterior la posible revisión de los criterios de adjudicación de la parcela.
«Creo que el tema lleva mucho tiempo en danza y hay que tener en cuenta que desde que compraron la parcela han pasado muchas circunstancias que han agravado su situación (covid, incremento muy importante de la mano de obra y materiales de construcción, energía…). Intentemos no agravárselo más todavía nosotros», señalaba la funcionaria en el correo.
La relevancia de este mensaje radica en que, según investiga la Justicia, dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman ya formaban parte de la cooperativa vinculada a la promoción y acabarían obteniendo viviendas en el residencial.
La sombra de la información privilegiada
El caso Les Naus ha estado rodeado de controversia desde que trascendió que la cooperativa adjudicataria presentó una propuesta para la construcción de las viviendas apenas 24 horas después de la publicación de la licitación.
Este extremo ha despertado numerosas dudas en el sector promotor alicantino. Diversos profesionales consultados durante los últimos meses han cuestionado cómo una empresa pudo elaborar en tan corto plazo un proyecto que finalmente resultó ganador por incorporar las mejores propuestas técnicas y económicas.
Fuentes del sector consideran prácticamente imposible preparar una oferta competitiva de esa complejidad en apenas un día sin disponer previamente de información detallada sobre las características del concurso. Estas sospechas forman parte del contexto que actualmente analiza la investigación judicial. Diversas informaciones periodísticas han recogido el asombro de promotores y técnicos por la rapidez con la que se articuló la propuesta presentada por la cooperativa adjudicataria.
El correo que ahora examina la Justicia
En el escrito remitido a Urbanismo, Pérez-Hickman respaldaba además la posición de Paloma Romero, la funcionaria que posteriormente alertó de posibles irregularidades al detectar vínculos entre adjudicatarios de viviendas protegidas y empleados o cargos públicos relacionados con el Ayuntamiento.
«Después de hablar con Paloma Romero, coincido con ella en que si el proyecto cumple las normas urbanísticas debe darse la licencia», escribía Pérez-Hickman.
La funcionaria añadía que cualquier posible incumplimiento de las condiciones de adjudicación de la parcela debía analizarse en un expediente independiente y, en su caso, derivar en la imposición de penalidades previstas en los pliegos.
Asimismo, justificaba algunos retrasos administrativos por cambios de criterio en la Generalitat Valenciana respecto a este tipo de promociones protegidas.
Quince investigados en la causa
La documentación sale a la luz en pleno avance de la investigación judicial sobre las adjudicaciones de viviendas protegidas de Les Naus. La magistrada instructora ha citado como investigadas a quince personas, entre ellas la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, la propia María Pérez-Hickman, técnicos municipales, responsables de la cooperativa promotora y varios adjudicatarios de viviendas. La causa investiga presuntos delitos relacionados con prevaricación, fraude a la Administración, negociaciones prohibidas a funcionarios e información privilegiada.
El procedimiento judicial trata de esclarecer si existieron tratos de favor tanto en la adjudicación de la parcela municipal como en la posterior asignación de las viviendas protegidas, algunas de las cuales terminaron en manos de familiares de cargos públicos y funcionarios vinculados a distintas administraciones.
Mientras continúan las declaraciones de investigados y testigos, la jueza sigue recabando documentación municipal, incluidos correos electrónicos internos que podrían resultar determinantes para reconstruir cómo se gestionó una promoción que, lejos de convertirse en un ejemplo de acceso a vivienda asequible, se ha transformado en uno de los mayores escándalos urbanísticos y políticos de los últimos años en Alicante.
