El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para desbloquear los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2026, unas cuentas que serán registradas oficialmente este viernes en Les Corts y cuya aprobación definitiva está prevista para los días 21 y 22 de julio en un pleno extraordinario.
El anuncio lo ha realizado el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, tras la celebración de la Junta de Síndics, donde se ha modificado el calendario parlamentario para facilitar la tramitación de las cuentas autonómicas.
El pacto permitirá al Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca garantizar la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar los presupuestos, después de varias semanas de negociaciones entre ambas formaciones. Según ha explicado Vox, el acuerdo se sustenta en tres grandes ejes: reducción fiscal, medidas de acceso a la vivienda y la denominada “prioridad nacional” en ayudas sociales y vivienda pública.
Calendario parlamentario
Tras el registro formal de las cuentas este viernes, la próxima semana comenzarán las comparecencias de los distintos consellers en comisión parlamentaria para detallar las partidas y líneas de actuación de cada departamento. El objetivo del Consell es que el proyecto quede aprobado antes del parón estival de Les Corts.
Desde Vox han señalado que la inclusión de la “prioridad nacional” ha sido una condición clave para respaldar las cuentas autonómicas. Esta medida, ya incorporada en acuerdos similares entre PP y Vox en comunidades como Aragón y Extremadura, contempla dar preferencia a ciudadanos españoles en determinadas ayudas sociales y en el acceso a vivienda pública.
Además, el acuerdo incorpora compromisos para avanzar en rebajas fiscales y nuevas medidas vinculadas a la vivienda, aunque las partidas concretas y el desarrollo técnico de las propuestas se negociarán durante la tramitación parlamentaria.
Críticas de la oposición
El acuerdo ha generado críticas inmediatas por parte de PSPV y Compromís, que consideran que el PP ha asumido planteamientos de Vox para garantizar la estabilidad parlamentaria del Consell. Desde la oposición se alerta de posibles recortes en servicios públicos y de las implicaciones jurídicas y sociales de aplicar criterios de “prioridad nacional” en políticas sociales.
La negociación presupuestaria llega además en un contexto de tensión política en la Comunitat Valenciana, marcado en las últimas semanas por las protestas y movilizaciones en el ámbito educativo y por el debate sobre la financiación autonómica y el gasto social.
