Juanfran Pérez Llorca Orihuela
El proceso de regularización, aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril, permitirá regularizar la situación administrativa de cerca de 500.000 personas migrantes en España

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este martes que el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central está provocando “caos” en “muchísimos” ayuntamientos debido a la falta de planificación.

Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación tras visitar las obras de ampliación del hospital de la Vega Baja, en Orihuela, donde ha criticado lo que considera una “improvisación” por parte del Ejecutivo estatal en la gestión de esta medida.

Según Pérez Llorca, el procedimiento “no se ha trabajado bien” y está generando importantes dificultades en la administración local, que se ve obligada a asumir gran parte de la carga burocrática sin los recursos necesarios. En este sentido, ha insistido en que la falta de previsión está repercutiendo directamente en los servicios municipales.

El proceso de regularización, aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril, permitirá regularizar la situación administrativa de cerca de 500.000 personas migrantes en España, siempre que cumplan requisitos como haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y acreditar determinadas condiciones de arraigo o vulnerabilidad . El plazo para presentar solicitudes se extiende hasta el 30 de junio y combina trámites telemáticos y presenciales .

Sin embargo, desde distintos municipios se han multiplicado las críticas por el impacto del proceso. Algunos ayuntamientos han denunciado colapso en sus oficinas y largas colas de solicitantes, así como falta de información clara sobre los trámites . En localidades como Elche, las oficinas municipales han llegado a atender a miles de personas en un solo día, evidenciando la presión sobre los servicios públicos .

En paralelo, el Gobierno central defiende la medida como una herramienta para garantizar derechos y combatir la economía sumergida, destacando que permitirá a las personas beneficiarias acceder al mercado laboral y evitar situaciones de abuso .

El debate político en torno a esta regularización continúa intensificándose, con posiciones enfrentadas entre administraciones autonómicas y el Ejecutivo estatal, en un contexto

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