Un juzgado de Alicante ha paralizado el lanzamiento de una mujer y sus tres hijos menores, de 17, 15 y 8 años, que viven desde 2014 en una vivienda de la zona norte de la ciudad. La decisión judicial aplica por primera vez en Alicante el nuevo decreto de vivienda aprobado por el Gobierno y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.
La resolución establece que el desahucio queda suspendido hasta el 31 de diciembre de 2030. El Tribunal de Instancia de Alicante considera acreditada la situación de vulnerabilidad económica de la familia y señala que no dispone de una alternativa habitacional por parte de la administración competente.
El caso estaba previsto para este jueves a las ocho de la mañana en una vivienda de la calle Ágata. La familia reside allí desde hace doce años y, según el Sindicat de Vivenda de Carolines, el inmueble estaba inicialmente vinculado a un alquiler social del Banco Sabadell. Posteriormente, el activo habría pasado a Promontoria, sociedad vinculada al fondo Cerberus, y el contrato no habría sido renovado. Tras ello se inició el procedimiento judicial de desahucio.
El nuevo Real Decreto-ley 29/2026, publicado hoy en el BOE, establece precisamente la suspensión de determinados desahucios cuando concurren tres circunstancias: que la persona afectada se encuentre en situación de vulnerabilidad, que no tenga alternativa habitacional y que la parte demandante reúna las condiciones previstas por la nueva norma. La suspensión puede alcanzar hasta el 31 de diciembre de 2030.
En este caso, el auto judicial recoge expresamente que existe un informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante que acredita la vulnerabilidad económica de la familia y la ausencia de una alternativa habitacional. Además, la resolución determina que no procede fijar una compensación a favor de la parte demandante al no tratarse, según el propio auto, de una persona jurídica dedicada al alquiler habitual asequible o social.
El caso ya había generado preocupación entre los colectivos de vivienda de Alicante. En la documentación difundida antes de la suspensión, los sindicatos denunciaban además que una vivienda situada en la misma calle aparecía anunciada por una inmobiliaria vinculada comercialmente a VR Casas como una oportunidad de inversión por 88.000 euros, con una oferta de dos noches de hotel gratuitas para potenciales compradores que visitasen determinadas propiedades.
Los colectivos de vivienda habían reclamado precisamente la aplicación del nuevo decreto para evitar el lanzamiento y advertían de que, si no se paralizaba, convocarían movilizaciones.
Ahora el desahucio queda suspendido y la familia podrá permanecer, por el momento, en la vivienda hasta finales de 2030.
El Sindicat de Vivenda de Carolines asegura además que está pendiente de resolución una solicitud de ayuda social de emergencia presentada ante el Ayuntamiento de Alicante.
El caso de la calle Ágata se convierte así en uno de los primeros ejemplos en Alicante de la aplicación práctica del nuevo denominado coloquialmente “decreto Maricarmen”, la norma con la que el Gobierno recupera el denominado escudo antidesahucios para determinados hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
