Decenas de vecinos se concentraron el pasado jueves por la mañana en la puerta del Ayuntamiento de Alicante después de que la Policía Local les impidiera el acceso al pleno extraordinario convocado para debatir el escándalo de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP). Según los asistentes, el motivo oficial para negarles la entrada fue que el aforo del salón de plenos ya estaba completo, aunque muchos denunciaron que se estaba restringiendo la participación ciudadana en una sesión de alto interés público.
La protesta reclamó transparencia y explicaciones claras sobre el caso de las VPP polémicas, que ha sacudido la política municipal en las últimas semanas. Varios manifestantes portaron pancartas con consignas como “Vivienda pública para las personas, no para los políticos” y “Queremos participar, no ser excluidos”, en referencia a la imposibilidad de seguir el debate desde dentro del Ayuntamiento.
Un caso que ha desbordado la política local
El pleno extraordinario, solicitado por los grupos de la oposición, tenía como objetivo abordar las presuntas irregularidades en la adjudicación de hasta 140 viviendas de protección pública en la zona de Playa de San Juan, que han acabado en manos de altos cargos municipales, familiares y allegados, provocando una profunda indignación social y una crisis institucional.
El escándalo ha provocado ya numerosas dimisiones, entre ellas la de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez —adjudicataria de uno de los pisos investigados—, y la de la directora general de Organización Interna del Ayuntamiento, así como la suspensión cautelar de empleo y sueldo de un funcionario implicado.
Además, diferentes formaciones políticas, incluidas las de izquierdas (PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem) y el partido Vox, han exigido la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), por su responsabilidad política en la gestión del caso.
Reacciones desde el Ayuntamiento y la oposición
En el pleno, el alcalde Barcala calificó lo sucedido como un “escándalo repugnante e indignante” y aseguró que el Ayuntamiento colaborará con la Fiscalía para esclarecer los hechos, aunque negó tener conocimiento directo de las adjudicaciones irregulares durante su mandato.
Por su parte, la oposición criticó duramente su gestión, denunciando que la falta de explicaciones convincentes y la exclusión de la ciudadanía del pleno han agravado aún más la crisis de confianza. El portavoz de EU-Podem llegó a afirmar que “incluso se impidió el acceso a los residentes” al salón de plenos y exigió que se publiquen los informes de aforo y los criterios de acceso utilizados.
Clamor ciudadano por transparencia
Entre los manifestantes, varios vecinos expresaron su frustración: “Queremos respuestas y participar en las decisiones que afectan a toda la ciudad; no entendemos por qué no podemos entrar”, dijo una de ellas. Otro asistente subrayó que esta polémica ha puesto de relieve que el acceso a vivienda digna es una prioridad social urgente en Alicante, en medio de listas de espera y una creciente falta de vivienda asequible.
La protesta ha concluido con el compromiso de los colectivos de volver a organizar movilizaciones si no se garantiza una mayor transparencia en el proceso de investigación, así como la publicación de las actas del pleno y los criterios oficiales de acceso.
