El escándalo por la adjudicación de viviendas de protección pública en Playa de San Juan —conocido ya como Caso Les Naus— ha sumado una nueva y relevante renuncia: Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Innovación, Industria y Comercio, ha presentado su dimisión tras trascender que su esposa figura entre los beneficiarios de una de las viviendas objeto de la controversia.
Sánchez, natural de Alicante y hasta ahora una de las piezas clave en la estructura de la conselleria en València, ha declarado que dar un paso al lado es “la decisión más responsable” ante la vinculación mediática de su entorno familiar con la polémica adjudicación.
Con esta dimisión ya son tres los altos cargos que han abandonado sus responsabilidades políticas en relación con este caso. La situación se desató hace días cuando se hizo público que varias viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus —primera promoción de VPP en más de 20 años en Alicante— habrían sido adjudicadas a cargos municipales, familiares de altos funcionarios y personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana.
Un escándalo que no cesa
La primera dimisión fue la de Rocío Gómez, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante por el Partido Popular, quien anunció su renuncia tras confirmarse que figuraba entre los adjudicatarios de uno de estos inmuebles. Gómez argumentó que se apartaba del cargo “para no interferir con la investigación”.
Días después también renunció María Pérez-Hickman, entonces directora general municipal de Organización Interna y Contratación Pública, después de que se revelara que dos de sus hijos y un sobrino habían obtenido viviendas en la misma promoción.
A estas dimisiones se suman las pesquisas abiertas por la Generalitat Valenciana, que ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario tras detectar que tramitó la compra de una de las viviendas a favor de su esposa, presuntamente omitiendo datos sobre ingresos y propiedades que podían haberle inhabilitado.
Investigación municipal y actuación judicial
El Ayuntamiento de Alicante ha decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante para que se investiguen las posibles irregularidades en el procedimiento de adjudicación y se determinen responsabilidades penales si procediera.
El ejecutivo local, liderado por el alcalde Luis Barcala (PP), ordenó también la apertura de un expediente de “aclaración de hechos” y cruzará la lista de adjudicatarios con la plantilla de funcionarios para detectar si hay más casos con vínculos directos a la Administración.
La oposición política, especialmente desde el PSPV y otros partidos de izquierda, ha insistido en que las dimisiones “no son suficientes” y exige medidas estructurales para garantizar transparencia y control en los procesos de acceso a vivienda pública, en un contexto marcado por la emergencia habitacional en la ciudad.
Claves del caso
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La promoción de viviendas protegidas de Playa de San Juan (Residencial Les Naus) comprende cerca de 140 viviendas de protección pública construidas en suelo municipal.
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Las adjudicaciones ya han provocado indignación social, con pintadas en zonas comunes de la urbanización y protestas de vecinos que consideran injusta la asignación de pisos en una de las zonas más cotizadas de Alicante.
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El caso sigue abierto y fuentes municipales han indicado que se seguirá hasta el final, tanto en el ámbito administrativo como judicial.
